Ricardo Pupo Reyes, un cuentapropista cubano con discapacidad denunció que las autoridades le habían impuesto una multa de 1000 pesos mientras se tomaba un descanso del trabajo.
Según refirió, el día en que tuvo lugar el incidente él se encontraba vendiendo en la autopista Novia del Mediodía, en La Habana, donde estaba autorizado a hacerlo. “Llegaron en una guagua y me pidieron los documentos”, dijo en declaraciones al medio independiente CubaNet.
Pupo dijo que entregó los papeles como su licencia de cuentarpopista, el carnet de discapacitado y la carta de autorizo para vender en el lugar, y entonces le respondieron que debían multarlo porque a pesar de ser un trabajador ambulante se mantenía en un punto fijo.
El cuentapropista negó que esto fuera cierto, ya que varias personas eran testigos de que el se trasladaba de un lado a otro, pero si necesitaba vender o descansar, naturalmente debía detenerse en un punto.
De acuerdo con las leyes que rigen el trabajo por cuenta propia, los vendedores ambulantes deben estar en constante movimiento. Sin embargo, en el caso de Pupo Reyes el Ministerio del Trabajo, debido a su discapacidad física, lo autorizó a tomar descansos momentáneos.
“No entendieron la explicación”, dijo, y aseguró que le advirtieron que de cualquier modo iban a multarlo. Pupo reclamó la sanción en la sede local del Departamento Integral de Supervisión (DIS), al que pertenecían los inspectores que lo abordaron.
De igual modo, expuso que tenía una situación difícil en casa con cinco hijas y su esposa que estaba embarazado con riesgo de aborto por hipertensión. “Lo puse todo en la carta. Si el Gobierno habla de ayudar a las personas más vulnerables, cómo me van a poner esa multa”, cuestionó.
Pupo, quien vive en el municipio La Lisa en La Habana, recordó que de niño a él lo había atropellado un diplomático ruso y no recibió indemnización ni ningún otro tipo de atenciones, ya que el personal de las sedes consulares contaba con inmunidad en la isla.
También dijo que se sentía desprotegido, pues si contaba con toda la documentación en regla y aun así lo multaban, no podría trabajar tranquilo. “De dónde voy a sacar dinero para mantener a mi familia, tengo miedo”, dijo.
“Mis hijas no tienen ni qué comer; no he podido pagar la licencia del mes de diciembre. ¿Cómo es posible entonces que el Estado diga que protege a las personas vulnerables?”, se preguntó.
Desde hace 10 años, Pupo trabaja como cuentapropista. En 2018, denunció que las autoridades no dejaban de acosarlo, multarlo y “ponerle las cosas difíciles”, a pesar de sus intenciones de ejercer su labor sin pedir ninguna dádiva del Gobierno.
“¿Qué trabajo le puede costar al Gobierno dejarme trabajar en paz y tranquilidad? Yo sigo insistiendo en que no quiero ser una carga para el Estado, quiero ganar mi dinero, no quiero que me regalen nada, yo quiero luchar por los míos, aunque me falte una pierna y no creo estar pidiendo mucho”, dijo entonces.
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