Embajada de Estados Unidos en La Habana. Foto © CiberCuba

Sin novedad en el frente: Otro informe científico sobre el síndrome de La Habana

Los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos acaban de hacer público el informe final de la investigación epidemiológica realizada por dos años sobre los incidentes atribuidos a ataques acústicos contra personal diplomático estadounidense en La Habana.

La divulgación del documento se produce en virtud de requerimiento al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA), según la petición del National Security Archive y del sitio BuzzFeed News. Solo que en ninguna de las 18 páginas del informe se precisan la naturaleza y la causa eficiente de las lesiones.

La investigación fue solicitada el 29 de diciembre de 2017 por la Oficina de Servicios Médicos del Departamento de Estado. El informe final vino a salir a la luz pública en enero de este año, luego de filtrarse a la prensa al filo de otra investigación realizada por la Academia Nacional de Ciencias (NAS).

El núcleo duro informativo reza: “Las evaluaciones efectuadas hasta el momento no han identificado ningún mecanismo de lesión, proceso de exposición, tratamiento efectivo ni factor mitigante en el inexplicable conjunto de síntomas experimentados por el personal diplomático acreditado en La Habana”.

Los investigadores de CDC revisaron 95 casos examinados por especialistas del Departamento de Estado, los Institutos Nacionales de Salud y las universidades de Miami y Pensilvania. Sobre la base del criterio estándar de caso epidemiológico, 15 fueron evaluados como presuntos, 31 como posibles y 49 como improbables.

Gráfico del estudio de CDC, incluido en el informe.

A pesar de no identificar la causa eficiente del conjunto de síntomas -entre ellos dolor de cabeza, náusea, zumbido en los oídos, desorientación y déficit cognitivo- el informe final del CDC confirma el tracto histórico.

Entre diciembre 30 de 2016 y febrero 7 de 2017, al menos tres oficiales de la CIA con cobertura diplomática en la embajada americana acudieron a la unidad de cuidados de salud por aquellos y otros síntomas similares. El Departamento de Estado advirtió que se reportara de inmediato todo indicio inusual de malestar auditivo y/o sensorial.

Algunos empleados refirieron síntomas que se habían manifestado ya en agosto de 2016. Así mismo se implementó el protocolo clínico (HABIT) sobre lesión cerebral sufrida en La Habana. Los registros médicos correspondientes fueron entregados a CDC en noviembre de 2018.

La investigación de CDC afloró como referencia en el informe de NAS sobre la evaluación, también por encargo del Departamento de Estado, de los trastornos de salud de empleados del gobierno y sus familiares en las embajadas americanas. Una comisión de 19 doctores, analistas y científicos sometió a prueba varias hipótesis, tales como dispositivos de microondas, histeria masiva, enfermedades virales y hasta envenenamiento por pesticida derivado de la fumigación contra el virus Zika, para concluir que la causa más plausible sería un generador de pulsos de energía radioeléctrica dirigidos contra objetivo específico.

La comisión de NAS se quejó de no tener acceso en detalle a investigaciones realizadas por otras entidades, ya sea por estar clasificadas como asunto de seguridad nacional o sometidas a otras restricciones, por ejemplo, de información de salud protegida.

El informe de NSA se remitió al Departamento de Estado en agosto del pasado año, pero quedó inexplicablemente al margen del escrutinio público y llegó tan sólo a figuras claves del Senado. El 12 de enero de este año, la senadora Jeanne Shaheen (D- New Hampshire) y otros solicitaron al entonces Secretario de Estado, Mike Pompeo, que acabara de presentar la documentación completa relacionada con el llamado Síndrome de La Habana.

Inseguridad del Estado

La Embajada estadounidense en La Habana denunció los hechos el 17 de febrero de 2017. Aún con el tridente de jefe de Estado, Gobierno y Partido, Raúl Castro aseveró al encargado de negocios Jeffrey DeLaurentis que “estaba perplejo” y dejó que el FBI entrara a investigar. Los senadores cubanoamericanos Marco Rubio (R-Florida) y Bob Menéndez (D-Nueva Jersey) concluyeron enseguida en que el gobierno cubano no tenía escapatoria: si no actuó por sí mismo, permitió que otros actuaran, pues resulta imposible que su aparato de férrea vigilancia no hubiese detectado qué pasaba.

Admitir la hipótesis Rubio-Menéndez implicaría que el gobierno de Cuba fue autor o cómplice de acciones calificadas de terroristas por el Código de Regulaciones Federales (28 CFR Sección 0.85, Inciso l) y la única medida consecuente sería represalia militar. Sin embargo, ni Rubio ni Menéndez ni los demás acusadores instan a represalia condigna, sino que el caso se esgrime como parte de la estrategia política hacia la isla.

Quizás cabe una hipótesis alternativa: si las armas empleadas son tan desconocidas que ni la CIA ni el FBI ni nadie sabe a ciencia cierta cuáles son, ¿por qué descartar que los atacantes sean tan buenos que pasaron la mota al Departamento de Seguridad Diplomática del MININT? Ni siquiera parece que el gobierno cubano marque ese paso criminal tan chévere de motivo, medio y oportunidad.

Desde luego que tuvo la oportunidad, porque las víctimas estaban en su territorio, pero nadie sabe de dónde salió un medio tan sofisticado y mucho menos qué motivación habría tenido el gobierno cubano para entorpecer o dejar que entorpecieran —con ataques a diplomáticos del montón— el normal desarrollo de las relaciones con Estados Unidos y hasta con Canadá, fuente primordial del turismo a Cuba y la cuarta de sus importaciones.

A cuatro años que haber formulado Estados Unidos la denuncia de ataques sónicos contra sus diplomáticos en La Habana, por ninguno de estos hilos se llega al ovillo:

Interrogado en la audiencia de confirmación ante el Senado, el actual Secretario de Estado, Antony Bliken, aseguró que había recibido toda la información sobre los llamados ataques sónicos en La Habana, causantes de la casi paralización del funcionamiento de la sede diplomática y sus servicios consulares.

Una de las tareas que están sobre la mesa de la administración Biden es la opción de reanudar las actividades plenas de la embajada en Cuba para facilitar los trámites de visados y el procesamiento del programa de reunificación familiar, congelado desde finales de 2017.

La pregunta es si con la información disponible bastará para pasar la página del enigma habanero y reactivar las funciones de la embajada, o esperar por nuevos capítulos de indagación científica que logren desenredar la madeja de la política. Aunque no parece quedar mucho campo para investigar a estas alturas del juego.

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Arnaldo M. Fernández

Abogado y periodista cubano. Miembro del grupo Cuba Demanda en Miami.

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