Una gira del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez por Cienfuegos ha servido para detallar el estado lamentable en que se encuentra la economía de esa provincia, en medio de la llamada Tarea Ordenamiento, que trae consigo la unificación monetaria y otras reformas de prcios y servicios.
Al resumir el ciclo de encuentros, iniciado el pasado 18 de enero, entre la dirección del país y los principales cuadros de las provincias, Díaz-Canel Bermúdez, aseguró que estas reuniones permitieron "comprobar el escenario nacional" y sirvieron para "corroborar un grupo de criterios que teníamos sobre diversos aspectos y profundizar en otros. Todo esto ha conllevado a una propuesta de ajuste, de rectificaciones y propuestas para nuevos temas que debemos abordar con otra dimensión en las próximas semanas".
Por su parte, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz llamó a buscar métodos más efectivos en el combate contra la corrupción y las ilegalidades, fenómenos que no han cesado con las nuevas normas y multas gubernamentales.
En el caso de Cienfuegos, informó Marrero, se han registrado acciones contra 929 coleros, 200 revendedores, 190 acaparadores y 16 transportistas, y resultaron procesados 209 ciudadanos. Desarticularon 17 casas de almacén y 33 puntos de venta ilegal. En la Fiscalía Provincial se le ha dado seguimiento a 150 denuncias.
El Primer Ministro también insistió en fortalecer la comunicación con el pueblo para poder identificar los problemas desde el inicio mismo de la insatisfacción. "A veces, lamentablemente, se actúa por reacción", consideró.
La semana pasada, las autoridades de Sancti Spiritus informaron que esa provincia habían impuesto más de mil multas y recaudado 311 mil 620 pesos en multas por violaciones de precios desde la entrada en vigor de la unificación monetaria, .
Las llamadas "acciones de control, se concentraron principalmente en puntos de venta de productos agropecuarios, Mercados Agropecuarios Estatales, centros del Comercio y la Gastronomía, y tiendas recaudadoras de divisas.
Como parte de la "cruzada anticorrupción, las autoridades aprobaron en enero una nueva normativa que permite imponer multas de entre 5 000 y 15 000 pesos, por violaciones de tarifas y precios tanto en el sector estatal como en el privado.
Las nuevas medidas están contenidas en el Decreto-Ley 30 de 2021, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 8, y su objetivo es combatir conductas de indisciplina y evitar que se generen precios abusivos y especulativos, a partir del inicio del proceso de ordenamiento monetario.
La disposición define como precios abusivos “aquellos cuyo crecimiento esté por encima de un rango razonable, en comparación con productos similares” y que buscan obtener ganancias “desmedidas”.
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