Trabajadores del sector privado en Cuba transforman viejas balitas de gas licuado en cajas fuertes que podrán ser usadas en las unidades de Comercio y Gastronomía de Las Tunas.
Ante el déficit de cajas de seguridad en el territorio, tres trabajadores por cuenta propia hicieron los contratos necesarios para que las empresas estatales cubanas les suministraran la materia prima para construirlas.
En coordinación con el Departamento de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Internacional lograron que entidades como Materias Primas le hiciera llegar el aluminio necesario para la confección de otros elementos internos de las cajas de seguridad, explicó a la prensa oficialista Edwar García Ramírez, uno de los cuentapropistas involucrados en el proyecto.
Las cajas fuerte, bajo la marca Cepwar, estarán destinadas a las 990 unidades de Comercio y Gastronomía que hoy necesitan en Las Tunas uno de estos dispositivos de seguridad, altamente demandados por las entidades que manejan grandes cantidades de efectivo tras la llamada Tarea Ordenamiento.
Las Tunas tiene 1.148 unidades que manejan efectivo y casi ninguna cuenta con cajas de seguridad, dijo al periódico local Rolando Rodríguez Rojas, funcionario del sector en la provincia.
Aunque la prensa oficialista ofrece este tipo de noticias como un paso positivo para los emprendedores cubanos, otros expertos en economía aseguran que la intención del gobierno no es favorecer al sector privado.
"El modelo económico social comunista no cree en la empresa privada, simplemente la ignora, denominándola con el insultante calificativo de otras formas de propiedad”, aseguró el economista cubano Elías Amor.
Para el también presidente de la Unión Liberal Cubana la llamada tarea Ordenamiento, combinada con la Estrategia económico-social del país, "son los nuevos instrumentos del régimen para la permanencia de su modelo de política económica".
Esta semana el gobierno cubano anunció oficialmente que eliminaba el listado de actividades económicas autorizadas para el sector privado y limitaba de manera total o parcial un total de 124 modalidades de trabajo por cuenta propia.
La abogada cubana Laritza Diversent consideró que el Clasificador Nacional de Actividades Económicas "atenta contra la libre elección del empleo" y "es un retroceso en derechos humanos”.
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