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Secretario de Estado Blinken conversa con canciller española sobre la UE y Venezuela

Antony J. Blinken, actual secretario de Estado de Estados Unidos, conversó con la canciller española Arancha González Laya para discutir formas de fortalecer las relaciones bilaterales y transatlánticas.

Anthony Blinken, Secretario de Estado y canciller española, Arancha González Laya © Flickr/U.S. Embassy Moldova - Ficker/Υπουργείο Εξωτερικών
Anthony Blinken, Secretario de Estado y canciller española, Arancha González Laya Foto © Flickr/U.S. Embassy Moldova - Ficker/Υπουργείο Εξωτερικών

Este artículo es de hace 3 años

Antony J. Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, conversó este martes con la canciller española Arancha González Laya para discutir formas de fortalecer las relaciones bilaterales y transatlánticas, y abordaron la manera enfrentar desafíos comunes como las relaciones con la Unión Europea (UE) y el caso de Venezuela.

En una escueta nota, el Departamento de Estado dijo que Blinken agradeció a España por acoger a las fuerzas estadounidenses e hizo hincapié en el deseo de Estados Unidos de trabajar con España, la UE y otros socios "para hacer frente a los retos compartidos, entre ellos el COVID-19 y el avance en la preparación para futuras pandemias, el cambio climático, Rusia, China y Venezuela".

La llamada telefónica a González Laya forma parte de una serie de contactos con más de 30 cancilleres de países aliados y líderes de bloques políticos que Blinken viene realizado desde su confirmación en el puesto.

El comunicado no dio detalles sobre los asuntos abordados, pero las relaciones de Washington con la UE tienen actualmente un obstáculo circunstancial, que pasa por Cuba y la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, que ha generado varias demandas contra empresas hoteleras españolas como Meliá International e Iberostar.

La Ley Helms-Burton ha sido motivo de fricciones entre Estados Unidos y el bloque europeo desde su aprobación en 1996, por cuestiona mientos sobre su carácter extraterritorial. La UE incluso amenazó con llevar sus diferencioas a la Corte Internacional de Comercio en caso que se aplicara el polémico Título III de la legislación, mediante el cual ciudadanos estadounidenses pueden entablar demandas a compañías extranjeras con operaciones en Cuba usando propiedades confiscadas a sus legítimos dueños.

Pero esa cláusula estuvo desactivada por 23 años hasta que el presidente Donald Trump decidió ponerla en vigor, el 2 de mayo de 2019, abriendo las compuertas a decenas de demandas contra compañías estadounidenses, europeas y canadienses en los tribunales estadounidenses.

Justo a una semana después de la toma de posesión presidencial de Biden, la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto, envió una misiva al vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, pidiéndole iniciar conversaciones con Washington para solicitar la suspensión de la Ley Helms-Burton.

En la carta, la titular española indicó que “la Ley Helms-Burton perjudica el comercio y la inversión española en Cuba, en particular el sector turístico”.

Con relación al Título III de la Ley Helms Burton, Biden no ha tomado una decisión sobre si va a desactivarlo, pero lo ha incluido como parte de la revisión general de la política hacia Cuba que ha emprendido su administración.

“La Administración está revisando la política con respecto a Cuba y no tiene nada que anunciar en este momento”, aseguró a CiberCuba un alto funcionario del Departamento de Estado a inicios de febrero.

La Casa Blanca también ha insistido en repetidos momentos que el respeto hacia los derechos humanos y las libertades ciudadanas es su programa de política exterior, comenzado por el escenario latinoamericano.

Con relación a Venezuela, el mandatario ha comenzado a revertir las políticas de la anterior administración, a la vez que los representantes de su gabinete han fijado posiciones críticas con el régimen de Nicolás Maduro.

A comienzos de este mes el Departamento del Tesoro habilitó ciertas operaciones en puertos y aeropuertos del país suramericano que habían sido vedadas por el gobierno de Trump.

Este leve cambio es entendido como un anuncio de que Washington ya revisa la política de sanciones a Venezuela, y busca modificar las medidas de Trump, que buscaban restringir la mayor cantidad de actividades en ese país.

Dentro de la revisión de acuerdos en la región que ha iniciado el equipo de Biden, se contemplan los referentes a Nicaragua, Guatemala, Colombia, Venezuela y Cuba.

Respecto a Nicaragua, Washington indicó a inicios de febrero que está "profundamente preocupado por la creciente represión del gobierno del presidente [Daniel] Ortega".

"Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura", indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, y reclamó un "cambio de rumbo" al mandatario.

No obstante, según diversos analistas, la nueva administración intenta acercarse a la situación de los gobiernos latinoamericanos desde una perspectiva más objetiva, sin que medien conveniencias geopolíticas.

"Están mostrando su disposición de enjuiciar a los regímenes de la región sin ideología, de una manera muy objetiva", dice Christopher Sabatini, investigador senior para América Latina del centro de análisis Chatham House en Londres, en un artículo publicado en BBC Mundo.

De ahí que el presidente Biden negara el encuentro que solicitó el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, durante una visita a la capital estadounidense días atrás.

El gesto de Biden fue interpretado como una muestra de su inquietud por la situación del Estado de derecho y la democracia en El Salvador.

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