Bodega en Cuba Foto © CiberCuba

Cuba: Socialismo no; rentismo

El sistema económico de Cuba es algo parecido a un mamerto, ese juguete de plastilina al que, quienes fuimos niños en los ochenta, agregábamos piezas de plástico para formar una figura humana e intentar darle un poco de sentido. Algunos defienden que ese cuerpo amorfo es un mamerto socialista; otros aseguran que funciona como un capitalismo de Estado. De lo que no hay dudas es que es un sistema económico decadente que carece de toda lógica posible. Asimismo, ha quedado claro que el tipo de propiedad que impera no es la social, puesto que el pueblo de Cuba es el gran desposeído.

Cuba tiene un gran problema: el monopolio. Y donde impera el monopolio se desarrollan relaciones de imposición en el mercado que absorben el comercio, la producción y los servicios, matando la competencia y estatizando la economía. No en balde los monopolios están prohibidos en muchos países del mundo. Una de las leyes más antiguas en este sentido es la ley Sherman (Sherman Antitrust Act, en inglés) creada en Estados Unidos en las postrimerías del siglo XIX, con el fin de prohibir la creación de monopolios dentro del comercio en ese país, e impedir que grandes consorcios limitaran la competencia.

El carácter monopolista de la llamada “Revolución Cubana” está presente en todas las esferas de la sociedad y, lo que es peor, está amparado por la legislación vigente. Existe el monopolio ideológico, que legitima el marxismo como única ideología posible; también, el monopolio político, controlado por el único Partido Comunista de Cuba; mientras impera el monopolio de poder absoluto o totalitario, donde no existe división entre el ejecutivo, legislativo y judicial. El Estado tiene el monopolio del comercio interior y exterior y, además, existe ETECSA, la empresa de comunicaciones exclusiva de la isla, mientras consorcios como GAESA disfrutan de prerrogativas y de poder para levantar hoteles, comercializar, importar y exportar bienes y servicios. Ningún cubano puede aspirar a personalidad jurídica que haga sombra o comparta la razón social de estas organizaciones y empresas supuestamente estatales. Los cubanos no somos merecedores de los derechos que los dueños de estas compañías tienen; todas en manos de la casta militar cubana.

Si, de acuerdo al discurso oficial, el embargo económico de EEUU sobre Cuba cuesta 16 mil millones de dólares anuales, ¿a cuánto ascenderá el costo en metálico del monopolio en la economía nacional?

Los empresarios militares cubanos dicen que sus empresas son del pueblo, pero el pueblo tiene que hacer colas kilométricas para comprar a precios prohibitivos, y en una moneda extranjera, los productos y servicios que estas compañías ofertan. Juran que los ingresos de sus consorcios son usados en beneficio del pueblo, pero se sabe que el Estado apenas invierte menos del 5 % del total de esos ingresos en Salud Pública, Educación y Seguridad Social juntos.

En realidad, los empresarios militares detestan la competencia, y no resisten la idea de que cualquier cubano pueda poseer lo mismo que ellos poseen. Es decir, su mentalidad, más que anquilosada, retrógrada o socialista, es una mentalidad rentista.

El término ‘rentista’ no es una invención o apreciación personal. Proviene del concepto de ‘sociedad rentista’ que se refiere a empresarios que no gustan de la competencia y rentabilizan sus negocios a través de la creación de obstáculos a la apertura comercial [1]. El término fue creado por la economista y ex-directora del Banco Mundial, Anne Krueger, a inicios de los años setenta y explica cómo algunas empresas poderosas, en complicidad con el Estado, se han apoderado de las principales actividades económicas y su comercio, en razón de la aniquilación de todo lo que implique competencia. De esta forma, se engrana una cadena de improductividad que permite la imposición de altos precios a sus productos y la alteración de la dinámica oferta-demanda. Es un golpe bajo, basado en relaciones de poder, para que estas empresas puedan rentabilizar su gestión, con independencia de la calidad de los bienes o servicios que oferten.

Un ejemplo claro de lo anterior es el monopolio de las Comunicaciones ETECSA, en Cuba, con sus precios elevadísimos y sus servicios de dudosas calidad y confiablidad.

La diferencia del rentismo del gobierno cubano en relación con otras ‘sociedades rentistas’ es que en estas últimas no solo se incrementan aranceles, sino que se soborna a productores para que dejen de cultivar y, al aumentar la demanda por la falta de productos, aumenta el precio del mercado. Mientras que, en Cuba, se implementan leyes y medidas que desestimulan la producción y el desarrollo de la agricultura, empezando por la Reforma Agraria que en lugar de empoderar al sector campesino, como nos hicieron creer, convirtió al estado en el gran latifundista al hacerlo dueño de “aproximadamente el 70% de las tierras agrícolas del país”, de las cuales actualmente conserva el 54%.[2]  

Ni la reforma económica de 1976, ni el mercado libre campesino de los ochenta, ni las formas de producción cooperativas, ni la entrega de tierras en usufructo más adelante, ni el aumento de importaciones ante el déficit de alimentos y productos de primera necesidad lograron incentivar la producción nacional en los campos cubanos, ni cubrir las demandas de la población.

Los economistas cubanos insisten en que el Estado libere las fuerzas productivas y el Estado vuelve, una y otra vez, a ponerles trabas. No es posible tanta incompetencia de parte de las autoridades del país, y no la hay, todo es parte de la estrategia rentista de quienes detentan el poder real en Cuba. En este sentido, el economista Oscar Fernández considera, en el contexto cubano del cuentapropismo, que existe un “enfoque esencialmente rentista, no solo porque garantiza mercado cautivo para los intermediarios designados, sino porque obliga a pagos en MLC por estos servicios, no siempre atribuibles a gastos en divisas correspondientes al proceso mismo”. Fernández insiste en dar garantías a largo plazo de estabilidad a la actividad por cuenta propia “en lugar de emprender con enfoque rentista o filibustero”.

Un collage de dos fotos comparativas publicadas por el periodista José Raúl Gallego en su perfil de Facebook, asemeja el Estanco del Tabaco en 1717 por restricciones impuesta por la metrópolis española, con las nuevas medidas restrictivas en este cultivo anunciadas por el gobierno cubano al calor del ordenamiento económico. El Estanco del Tabaco no fue sino la monopolización de la actividad comercial referente a este producto por parte de la Casa de Contratación de Sevilla que fijaba precios y hacía el papel de intermediario para la exportación. Exactamente lo mismo hace el gobierno cubano con toda actividad económica actualmente. Ningún cubano puede exportar libremente sus productos o servicios, sin tener al Estado como intermediario. Sin dudas, el sector cuentapropista es el más afectado.

Otro ejemplo reciente fue el anuncio de la obligatoriedad del confinamiento en hoteles a viajeros internacionales, en el que las casas particulares de renta al turismo quedaron vetadas como destino para este fin. La medida forma parte de una grotesca estrategia para desafiar las sanciones de Estados Unidos que prohíben a sus ciudadanos alojarse en hoteles de GAESA, y para que el sector cuentapropista no le haga competencia a la industria hotelera. No les importa que los pequeños propietarios no hayan recibido huéspedes durante casi un año por causa de la pandemia y estén al borde la quiebra.

Pero una práctica rentista es también la exportación de servicios profesionales. Para ilustrarlo que se entienda, Cuba renta su fuerza laboral calificada en el exterior y le paga un porciento mínimo de lo que el estado receptor paga al gobierno de Cuba por cada uno de ellos. Para asegurar la rentabilidad sin competencia de este negocio, crea instrumentos jurídicos como la Resolución No.168, que limita sus movimientos para mantenerlos vigilados, y el decreto-ley 306 que regula la salida del país por ser “necesarios” para el funcionamiento de la economía, con lo cual garantizan que no se puedan contratar de forma independiente en otro país. También han impuesto castigos con duración de ocho o más años a quienes abandonen los contratos, como son la prohibición de entrada a Cuba y la privación de libertad por “abandono de funciones laborales”, según el artículo 135 del Código Penal. La renta de profesionales a gobiernos extranjeros ha llegado a aportar Cuba más de 10 mil millones de dólares, aunque en el último informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) en 2019, los ingresos de este rubro fueron de poco más de 6 mil millones.

Ejemplos de rentismo sobran en Cuba. Sus empresarios, amparados en la complacencia estatal y en la corrupción ad infinitum que corroe la sociedad cubana toda, usan su poder para imponer tarifas y comerciar desde relaciones monopólicas que aniquilan la competencia y se apropian de los magros ingresos del pueblo cubano. Estos intermediarios filibusteros saquean el Tesoro de la nación, frenando la productividad y la iniciativa propia en nuestro país, y han creado un entuerto rentista con el socialismo de coartada que drena toda posibilidad de desarrollo en Cuba. Reparar tanto daño, será cuestión de mucha voluntad y de muchos años.

[1] Anne Osborn Krueger: “The Political Economy of the Rent-Seeking Society,” American Economic Review 64.3 (1974)

[2] Tatiana y Lázaro Camilo Recompensa Joseph. "La cuestión agraria cubana aciertos y desaciertos en el período de 1975-2013: la necesidad de una tercera reforma agraria." Polis. Revista Latinoamericana 47 (2017).

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Annarella Grimal

Annarella O'Mahony (o Grimal). Aprendiz de ciudadana, con un título de Máster otorgado por la Universidad de Limerick (Irlanda). Ya tuvo hijos, adoptó una mascota, plantó un árbol, y publicó un libro.

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