El preso político cubano Virgilio Mantilla Arango fue trasladado a un centro de salud tras ser diagnosticado con la COVID-19 y ha iniciado una huelga de hambre.
La coordinadora nacional de la Coalición Unitaria Compromiso Democrático, Leticia Ramos Herrera, dio a conocer la noticia en la red social Facebook, y responsabilizó al gobierno cubano por lo que le sucede al activista.
“Alerta. Me acaba de llamar un reo de la prisión Cerámica Roja, que se acaban de llevar para el hospital a Virgilio Mantilla Arango con coronavirus confirmado y está plantado en huelga de hambre. El régimen es el único responsable de lo que le está pasando a Virgilio. Asesinos, abajo la tiranía asesina de los Castro-Canel”, denunció.
Por su parte, el periodista independiente Héctor Luis Valdés también se hizo eco de lo sucedido en la red social: “Confirman que Mantilla Arango se declaró en huelga de hambre en el momento de su traslado. Virgilio Mantilla fue uno de los activistas que salió en apoyo al movimiento San Isidro, cuando un grupo de muchachos se acuartelaron en la sede ubicada en Damas 955, para exigir pacíficamente la libertad de Denis Solís González y el cese del abuso policial”.
Mantilla Arango, activista por la defensa de los derechos humanos en el oriente de Cuba, fue arrestado el pasado 9 de diciembre en su vivienda del municipio Céspedes, en la provincia de Camagüey, luego de haberse negado a pagar una deuda de 600 pesos cubanos por distribuir volantes con el Manifiesto del 10 de Octubre de 1868.
No obstante, se presume que las razones reales tras la detención del activista guarden relación con manifestaciones de apoyo a los huelguistas y acuartelados de San Isidro, en diciembre de 2020.
A pocos días de que la Seguridad del Estado en Cuba desalojara por la fuerza a los acuartelados de Damas 955, Mantilla Arango se paseó por las calles de Camagüey con una camiseta alusiva al MSI, con la frase: “Todos somos San Isidro”.
Una semana después fue arrestado y trasladado a la Unidad de Operaciones de Villa Luisa, municipio de Camagüey.
Casi 20 días después de su detención, y sin que las autoridades les permitieran a sus familiares visitarlo, se conoció que el activista había recibido una condena de siete meses de privación de libertad por el supuesto delito de “acaparamiento”.
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