La congresista republicana María Elvira Salazar está orgullosa de haber presentado, junto al congresista Mario Díaz-Balart, la Ley de Modernización de la Reunión Familiar Cubana.
“Orgullosa de haber acompañado a mi amigo el congresista Mario Díaz-Balart para anunciar nuestra Ley de Modernización de la Reunión Familiar Cubana. Esto autorizaría al gobierno estadounidense a utilizar Guantánamo como un lugar ordenado y controlado para proteger nuestra seguridad nacional y realizar con seguridad estas entrevistas de visados”, tuiteó la congresista cubanoamericana.
El proyecto de ley bipartidista presentado propone que las entrevistas para el Programa de Reunificación Familiar (CFRP) se realicen en la Base Naval de Guantánamo, un enclave e instalación militar de Estados Unidos de América, cuya soberanía disputa Cuba sobre el derecho que esgrimen los estadounidenses, amparado en un Tratado firmado en 1903 entre los presidentes Tomás Estrada Palma y Theodore Roosevelt.
“La realidad es que este es un problema espantoso para la familia cubana. Hay 22 mil casos de reunificación familiar pendientes y más de 100 mil casos de visas pendientes", consideró María Elvira Salazar, quien calificó de "solución salomónica" y de "idea extraordinaria" la propuesta que incluye el proyecto de ley.
Acorde a la legislación, un cubano nacionalizado o residente permanente en Estados Unidos pueda aplicar para que un miembro de su familia reciba el parole. Con el cierre de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, los cubanos que aplican para la obtención de una de estas visas parole se ven obligados a realizar los trámites correspondientes a través de las oficinas consulares estadounidenses en terceros países, como Colombia o Guyana.
Con el proyecto de ley presentado por Salazar y Díaz-Balart, aquellos cubanos que hayan sido reclamados por sus familiares no tendrán necesidad de desplazarse a un tercer país, sino que podrán realizar sus trámites en las instalaciones de la Base Naval. "La mejor forma es permitir que los cubanos continúen el proceso desde el interior", argumentó el congresista.
Sin embargo, para evitar caos y desplazamientos innecesarios, el proyecto recoge que solo podrían entrar a instalaciones quienes ya tengan una entrevista confirmada. Además, la ley brinda apoyo al gobierno estadounidense para preseleccionar a las personas que ellos consideren que pueden entrar a la Base.
De esta forma, indicó Díaz-Balart en la presentación del proyecto de ley, se garantizaría "una forma ordenada y segura para que los cubanos puedan tramitar sus solicitudes desde la isla", y se evitarían malentendidos que lleven a ciudadanos cubanos a solicitar asilo en la Base Naval. “No es una puerta de entrada”, aclaró el congresista.
En ese sentido, explicó que el comandante de la Base podría cancelar el servicio si considera que le está creando problemas en la instalación o que hay riesgos para la Seguridad Nacional de Estados Unidos.
“El pueblo cubano está sufriendo bajo el ahogo del socialismo y las familias permanecen separadas por el brutal régimen de Castro. Estoy muy orgullosa de presentar este proyecto de ley bipartidista con el congresista Mario Diaz-Balart para ayudar a las familias cubanas a reunirse a salvo en los Estados Unidos”, afirmó Salazar en un post publicado en su cuenta de Facebook.
"¡El que tiene el desafío es el régimen castrista! Que permita que ese territorio se abra para que todo el papeleo consular se conduzca. Es imposible volver a abrir la embajada norteamericana como quisiera el régimen porque en el tiempo de Obama, cuando supuestamente el régimen estaba mucho más cerca de un gobierno norteamericano, hicieron un ataque impensable, dejaron con daño cerebral permanente a muchos funcionarios norteamericanos", añadió la congresista aludiendo al llamado “síndrome de La Habana” .
Estos incidentes, ocurridos desde finales de 2016, afectaron a una veintena de diplomáticos estadounidenses y sus familiares y están siendo objeto de una investigación exhaustiva que involucra al Departamento de Estado, la CIA y especialistas médicos. Debido a ellos, la administración Trump retiró el 60 por ciento de su personal diplomático, lo que paralizó la casi totalidad de las operaciones en el Consulado de EE.UU. en Cuba.
En Miami, personas con sus familiares en proceso de reclamación se han movilizado en las redes sociales y en manifestaciones públicas para pedir la reapertura de los servicios en la embajada de La Habana. La más reciente protesta unió a decenas de familiares cubanos frente al Parque del Dominó, en la Calle Ocho, a finales de febrero.
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