El activista Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental (ADO), podría enfrentar una condena de cuatro años de prisión, luego de negarse a mostrar su negocio privado a inspectores del gobierno en agosto de 2020.
La Fiscalía de Santiago de Cuba pide una sanción de privación de libertad contra el cuentapropista dedicado a la venta de útiles del hogar, citando presuntos delitos de “atentado, desacato y desobediencia”.
González aseguró, en declaraciones al medio independiente CubaNet, que el proceso judicial en su contra está “totalmente amañado”. La vista oral del juicio tuvo lugar el pasado 12 de abril en la sala 4ta del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba.
“La Fiscal hacia énfasis en que los testigos dijeran que yo me pronunciaba en contra del proceso revolucionario, los jefes de sector de la PNR alegaron que yo había amenazado varias veces con llenar la ciudad de Santiago de Cuba con carteles en contra del gobierno, y que era un contrarrevolucionario”, declaró el opositor.
“A la abogada la cuestionaron porque dijo que el proceso estaba encaminado a ser político, no común. La misma recomendó que se celebrara la vista oral en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado. De los siete testigos que tenía previsto presentar la defensa solo le dejaron declarar a tres”, explicó.
En agosto de 2020, una supuesta inspectora fue al quiosco del cuentapropista y comenzó a tirar fotos de su negocio. Reaccionando a tal acción, él le cerró las puertas. Luego fue visitado por los dos jefes de sector de su zona y él se negó a atenderlos y entregar sus documentos de identificación, por lo cual fue denunciado.
“El día 20 de agosto del 2020 una ciudadana se presenta en mi negocio y, sin identificarse, empieza a tirar fotos con un teléfono. Yo salgo, le pido permiso y bajo la compuerta del negocio, a los cinco minutos aparecen los dos jefes de sector en mi casa, el capitán Félix y el capitán Miguelito, diciéndome que les diera mis documentos y yo les dije que no tenía que hablar nada con ellos y entré a mi casa”, relató a Radio Televisión Martí.
La Seguridad del Estado lo detuvo en enero del presente año, cuando lo estaban responsabilizando por el lanzamiento de unas piedras contra las vidrieras de la tienda de moneda libremente convertible (MLC) ubicada en la calle 4ta y Garzón.
El pasado 16 de marzo, un alguacil del tribunal municipal se presentó en la casa de González Pozo y le entregó una petición fiscal, señalando que el activista había empujado a la inspectora que lo visitó, además de ofender a los dos jefes de sector de su zona. Asimismo, le impusieron el pago de una fianza de 1 000 pesos cubanos (CUP), sin haberle sido notificado con anterioridad que existía algún proceso judicial en su contra.
A raíz de los acontecimientos, el activista inició una huelga de hambre que se extendió por 12 días, reclamando que le fueran retirados los cargos. “Mi hijo es inocente. Este gobierno está cometiendo un crimen con llevarlo a prisión injustamente. Si va preso mi hijo, yo entraré en el grupo de las Damas de Blanco”, dijo Nidia Pozo Torreblanca, madre del opositor.
Desde hace varios años, el activista ha experimentado las reacciones del gobierno cubano contra quienes disienten de sus políticas. En 2007, fue expulsado de la Universidad de Oriente junto a una decena de jóvenes estudiantes, mientras cursaba el quinto año de Licenciatura en Derecho. La separación del centro de altos estudios se debió a su participación en una serie de protestas en favor de mejoras en las condiciones del plantel estudiantil.
“Yo me declaré en huelga de hambre porque, como soy opositor, todo lo que ocurre en mi zona me lo achacan a mí: A mi hija de 15 años, Evelyn González, le negaron la carrera. Hace unos días pusieron, frente a mi vivienda, unos carteles con la frase ‘Patria y Vida’ y ya me están investigando a mí”, refirió con anterioridad.
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