El observatorio independiente Food Monitor Program (FMP) presentó un informe en el que explica que la actual crisis que vive Cuba no solo es comparable al Período Especial de los años 90, sino que lo supera en intensidad, profundidad y deterioro acumulado.
En un comunicado reciente, la organización expuso por qué considera que la situación económica y social de la isla ha alcanzado niveles sin precedentes en su historia republicana reciente.
Según FMP, la crisis multifactorial que afecta al país desde 2018 se ha agravado en los últimos años y ha transformado la vida cotidiana de los cubanos en una experiencia marcada por la escasez, el colapso de los servicios públicos, la inflación y la inseguridad alimentaria.
A diferencia de los años 90, la situación actual implica un deterioro más extendido, con múltiples sistemas básicos en ruina simultánea, sin señales de mejora ni reformas reales por parte del Gobierno.
FMP argumentó que la inflación ha sido uno de los factores más devastadores: entre 2021 y 2023 superó el 500 %, según estimaciones independientes.
El poder adquisitivo de los salarios y pensiones se ha derrumbado frente al costo de vida, y en este sentido mencionó que un cartón de 30 huevos equivale hoy a casi dos pensiones básicas y un kilogramo de leche cuesta lo mismo que el salario mínimo mensual.
Al fenómeno inflacionario se suma una dolarización creciente de la economía, que ha dejado a la mayoría de la población fuera del acceso al mercado formal.
Las tiendas en moneda nacional están vacías o han desaparecido y el mercado negro se ha convertido en la única vía para obtener productos básicos.
La caída de los servicios públicos ha profundizado aún más la crisis, y mencionó que el sistema eléctrico, compuesto en su mayoría por termoeléctricas obsoletas con más de 40 años de uso, no logra cubrir la demanda nacional.
Desde hace cinco años se reportan apagones continuos que alcanzan hasta 16 horas diarias en varios territorios. Esta situación afecta directamente la conservación de alimentos, la salud, el descanso y el funcionamiento mínimo de la vida social.
El sistema de agua potable también está colapsado, según FPM, y subrayó que, en el caso de La Habana, por ejemplo, a finales de 2023 se contaban más de 2,000 fugas sin reparar.
Más de medio millón de personas no tiene acceso estable a agua corriente y muchas deben almacenarla por sus propios medios.
Los esquemas de distribución pueden tener intervalos de hasta cuatro días, afectando gravemente la higiene y la capacidad de cocinar alimentos de forma segura, recalcó.
El gas licuado de petróleo, principal fuente de energía para cocinar en los hogares cubanos, enfrenta restricciones severas desde 2019, según FPM.
La situación se agravó en 2025, cuando la interrupción en la entrega del producto dejó al 41 % de las familias cubanas sin acceso a este combustible.
Muchas han tenido que recurrir a métodos primitivos como cocinar con leña o carbón en hornos improvisados, lo que implica riesgos para la salud y la seguridad.
A falta de gas y electricidad, muchas personas no pueden hervir el agua ni preparar alimentos de forma adecuada, exponiendo a la población a contraer enfermedades.
Según encuestas del propio FMP, más del 76 % de las familias ha visto afectada su capacidad para cocinar debido a los cortes eléctricos, y muchas han reducido el número de comidas diarias o han cambiado su dieta por opciones más baratas y menos saludables.
La combinación de estas carencias ha provocado una situación de inseguridad alimentaria que obliga a miles de familias a reorganizar sus horarios de vida, permanecer en casa para esperar el agua o modificar sus rutinas de alimentación.
Este contexto ha generado un aumento notable del malestar social, evidenciado en protestas vecinales, cacerolazos y manifestaciones espontáneas.
Entre ellas, destaca la protesta del pasado 22 de mayo en Santiago de Cuba y Bayamo bajo la consigna “Corriente y comida”, así como otra ocurrida en Pinar del Río cinco días antes, tras más de 20 horas sin electricidad.
Estas expresiones de descontento surgen en un clima donde, según estudios del FMP, más del 63 % de la población atribuye la situación a una mala gestión gubernamental, mientras que solo el 8 % responsabiliza al embargo estadounidense.
Lejos de aplicar correcciones estructurales, el Gobierno cubano ha respondido con una política represiva que criminaliza a quienes reclaman una vida digna.
FMP denunció que la administración continúa priorizando alianzas ideológicas y clientelistas, buscando importar alimentos y energía bajo esquemas subsidiados en lugar de implementar un verdadero plan de recuperación.
El comunicado advirtió que no hay voluntad política para ajustar el modelo actual, lo que mantiene al país estancado y lo acerca cada vez más a estructuras autoritarias como las de China o Rusia.
En su conclusión, Food Monitor Program sostiene que esta crisis ha rebasado al Período Especial no solo por sus efectos visibles, sino porque afecta de manera simultánea los sistemas alimentario, energético, sanitario y económico, sin que exista un horizonte de salida.
Además, denunció la pasividad de un régimen que subsiste mediante la captación de divisas sustentada en el sacrificio de las familias cubanas y su diáspora.
Para lograr una recuperación real, afirmó el observatorio, será imprescindible una transformación profunda, con reformas estructurales, respeto a la dignidad ciudadana y una reconciliación productiva.
En este sentido, exigió que se garantice un nivel de vida digno para todos los cubanos y que se abandone el inmovilismo institucional que hoy sostiene la destrucción sistemática del país.
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