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Florida exigirá que beneficiados con cheques del desempleo demuestren búsquedas de trabajo

El gobernador afirma que la tasa de desempleo en Florida bajó de 14 % a 5 % y muchos empleadores están buscando mano de obra.

Ron DeSantis © Facebook / NBC2News
Ron DeSantis Foto © Facebook / NBC2News

Este artículo es de hace 2 años

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este viernes que los residentes en el estado que reciben beneficios por desempleo deberán demostrar que están buscando trabajo.

La verificación se implementa luego de que el desempleo en el estado bajara del 14 por ciento alcanzado durante la pandemia del coronavirus hasta menos del 5 por ciento en el último mes, gracias a la apertura de la mayoría de los negocios locales. Especialmente se busca trabajadores para el sector de los servicios y la hotelería, comentó.

"Normalmente, cuando estás desempleado, la idea es que es temporal y necesitas estar buscando trabajo para poder salir del desempleo", dijo DeSantis en una conferencia de prensa.

Afirmó que al inicio de la crisis sanitaria el tema del desempleo "fue un desastre, por lo que suspendimos esos requisitos de búsqueda de empleo. Creo que ahora está bastante claro, tenemos una gran cantidad de puestos vacantes", expresó.

Si bien durante la pandemia de coronavirus el desempleo en Florida se disparó a casi el 14 por ciento por el cierre de empresas y negocios locales, para marzo de este año, la tasa de desempleo de Florida era inferior al 5 por ciento.

Según el gobernador, algunos empleadores han dicho que han tenido problemas para contratar trabajadores a medida que reabren sus negocios, por lo que pedirá el requisito comprobatorio de que la persona beneficiada con la ayuda por desempleo está realmente buscando trabajo.

"Creo que ahora estamos en una situación diferente, tienes un excedente de trabajos, particularmente en restaurantes, hospedaje, hotelería, que la gente quiere contratar", agregó.

Esta semana se informó que los empleadores en Estados Unidos contrataron a muchos menos trabajadores de lo que esperaban en abril, y señalaron que había “escasez de mano de obra”.

Tal situación los pone en dificultades para cumplir con la demanda interna a medida que la economía reabre gracias al mejoramiento de la situación epidemiológica, expresa un informe del Departamento del Trabajo.

Ese documento mostró un desplome en los empleos temporales de servicio doméstico y declives en el empleo en manufacturas y minoristas. Desde las fábricas hasta los restaurantes, los empleadores están buscando trabajadores frenéticamente, apunta el texto.

El propio presidente Jose Biden dijo hace unas horas que “desde el inicio de nuestra administración, la economía ha añadido más de 1.5 millones de empleos. Todavía tenemos trabajo que hacer, pero América se está moviendo en la dirección correcta”, celebró.

En ese contexto algunos aseguran que la escasez de empleados se debe precisamente a las generosas ayudas fiscales que comenzaron desde la anterior administración de Donald Trump y han seguido distribuyéndose bajo el gobierno de Biden.

"Muchos verán las débiles cifras del mes pasado como una confirmación de que los beneficios por desempleo extraordinarios están afectando la disponibilidad de trabajadores", explicó Curt Long, economista jefe de la National Association of Federally-Insured Credit Unions.

No obstante, otros estiman que también inciden en el bajo índice de mano de obra que algunos padres todavía están en casa porque deben cuidar de sus hijos, y los retiros vinculados al coronavirus.

Los beneficios para desempleados, reforzados por la emergencia pandémica, incluyen pagos de 300 dólares a la semana, un monto superior a los salarios mínimos establecidos en varias regiones del país.

Esa cifra se acordó en marzo pasado, cuando senadores demócratas aprobaron reducir los beneficios de desempleo a 300 dólares semanales con el objetivo de extender esta ayuda hasta septiembre.

Los subsidios por desempleo fueron extendidos como parte del enorme plan de rescate por la pandemia del COVID-19, por un monto de 1,9 billones de dólares y fue aprobado por el Congreso en marzo.

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