Abogados del exilio cubano demandarán ante instancias legales internacionales los actos de represión contra los manifestantes del 11J por parte de las autoridades en la Isla.
El equipo de 23 abogados de diez grandes despachos en Estados Unidos, además de socios de otros países, incluida Cuba, trabajarán gratuitamente para denunciar las violaciones a los cubanos que participaron en el estallido social de julio último.
Igual incluyen a las personas desaparecidas, según informó este miércoles Agustín García, coordinador del grupo en una rueda de prensa realizada en Miami, Florida.
García declaró a Radio Martí que “el objetivo del trabajo es que los actos de represión tengan consecuencias y las víctimas tengan rostro”.
Igual añadió que “hay que documentar los abusos para que el mundo lo vea. Hay que documentar el nombre de la persona, que la persona es una persona y no es nada más una estadística. Eso es importante a los foros internacionales”.
García explicó que esta estrategia comenzó tras las protestas del 11 de julio, pero busca proyección hacia el futuro, ya que “si el sistema cubano quiebra, ellos van huir como los nazis en el pasado, por todas las partes del mundo”.
“Tenemos que pararlos para identificar a los criminales, para que no se escapen (...) nuestra base legal es para hoy, para mañana y el futuro después de mañana", detalló el coordinador de los abogados.
García señaló además que muchos de los detenidos-desaparecidos después de las protestas del 11J tienen doble nacionalidad y las autoridades de países como España e Italia están obligadas a ocuparse de sus ciudadanos, que han sido víctimas de la represión y la judicialización de las protestas en Cuba.
También el abogado cubano americano Nicolás Gutiérrez Jr., expuso que “estamos coordinando con abogados en España a ver cómo podemos utilizar la jurisprudencia española para cerrarle esa vía de escape a los represores del régimen, que muchos de los cuales viajan a España tienen propiedades allá, tienen dinero allá, familiares allá, etc.".
Según Gutiérrez, el trabajo será difícil, pero “al igual que la comunidad judía mundial les cayó atrás a los nazis en todas partes del mundo, nosotros utilizaremos las vías que tenemos, sean aquí, en España, en Europa y Latinoamérica o donde sea para ver cómo podemos ayudar a los cubanos".
“Vamos a estudiar cada posible ángulo legal en el mundo para ayudar a los miles de detenidos y procesados tras el estallido del 11 de julio en reclamo de libertad en Cuba", expuso Gutiérrez a los medios presentes sobre esta iniciativa, de la cual añadió, “no está ligada a partidos políticos, sino a la defensa de los derechos humanos”.
“Estamos aquí no para gritar Cuba libre, sino para hacer Cuba libre”, concluyó el abogado Agustín García.
Este esfuerzo legal, aunque no tiene ninguna vinculación con el gobierno de Estados Unidos ni con partido político alguno, según refieren, se suma a las sanciones del presidente Joe Biden contra los actores directos de la represión tras las protestas del 11J como el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, General Álvaro López Miera, y a la Brigada Especial del Ministerio del Interior (MININT).
También la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y sus máximos jefes: el director de la PNR, Óscar Alejandro Callejas Valcarce, de 63 años, con pasaporte A006951 y carné de identidad 57091910348; y el subdirector de la PNR, Eddy Manuel Sierra Aria.
Estas sanciones se sustentan en la Ley Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) contra violadores de derechos humanos, personas involucradas en el narcotráfico y vinculadas a países patrocinadores del terrorismo.
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