Por segunda vez, en el curso de poco más de un año, el periodista independiente y activista guantanamero Emilio Almaguer de la Cruz tiene que enfrentar una multa de 3000 pesos, en virtud del Decreto-Ley 370, por ejercer el derecho a la libertad de expresión en redes sociales.
Almaguer de la Cruz, residente en la ciudad de Baracoa, miembro de la organización disidente Unión Patriótica de Cuba y promotor de la plataforma Cuba Decide, compartió en su perfil personal de Facebook el pasado 10 de septiembre una imagen de la multa que le habían puesto el día anterior.
El motivo, según explicó en un comentario, fue una publicación que realizó en Facebook el 31 de agosto, en la que dijo que “Cuba necesita de funcionarios comprometidos con su pueblo”, que realicen su labor buscando el bien de la comunidad.
“Basta de doble moral, visiten hospitales y centros de aislamiento sin los protocolos acostumbrados y respondan más a la necesidades de la población, que a la ideología de un partido”, sostuvo entonces.
Pocos días después, el mismo 9 de septiembre, el jefe de sector de su zona –del consejo popular La Asunción- se presentó en su casa en una moto, a las seis de la tarde, y le dijo que debía ir con él para la estación de Baracoa, que allí le esperaba un inspector de provincia; cuenta Almaguer de la Cruz en entrevista con Cibercuba.
El periodista, que colabora con ADN Cuba, cree que el jefe de sector quería llevárselo detenido y que, si no lo hizo, fue porque en ese instante un vecino le gritó que allí, en esa familia y en el barrio, había gente enferma.
En la casa de Almaguer de la Cruz todos estaban con síntomas asociados al coronavirus: fiebre alta, catarro, dolores en los ojos, la cabeza y los pulmones. Habían empezado a desarrollarlos el 28 de agosto, a los dos días de haber recibido la primera dosis de Abdala. Y en los alrededores había varios casos positivos.
“Entre el dengue y el coronavirus, esto parece una guerra”, dice.
Sin embargo, ni su esposa, ni sus dos hijos, ni él, quisieron acudir a un centro de salud para recibir un diagnóstico apropiado y atención médica.
“Los centros de salud no poseen medicamentos, ni respiradores artificiales; si la persona se agrava, entonces la llevan a un hospital, pero debes quedarte aislado en estos centros y por miedo a eso nos quedamos en casa”, explica el guantanamero.
Quienes les han dado seguimiento han sido médicos cercanos, amistades que mantiene Emilio de cuando trabajó diez años como eléctrico en el sector de la salud, y vecinos con quienes comparte alimentos y medicinas.
“Baracoa es un pueblo hospitalario y en mi zona nos ayudamos todos. El electricista de esta zona soy yo, yo ayudo al pudiente, pero también al pobre, y cuando necesito, recibo”, asegura.
Gracias a esa red de solidaridades, los miembros de su familia lograron hacerse radiografías en un hospital de la ciudad y supieron que sufrían de reforzamiento en los pulmones.
Emilio mostró a Cibercuba una radiografía suya del 10 de septiembre y agregó: “puedes ver en mi placa que ya estoy bastante mejor, pero aún con algún reforzamiento. El que salió peor fui yo, porque no nos alcanzó el antibiótico para todos y dejé de tomarme para dejar para mis hijos y por poco me jodo”.
Los antibióticos los tuvo que comprar a 1200 pesos cada paquete: cuatro en total. Esta es una de las razones por las cuales ahora mismo la economía familiar está resentida.
Cuando el 9 de septiembre Almaguer de la Cruz acudió a la estación de policía, media hora después de recibir la visita en su residencia del jefe de sector, todavía presentaba fiebre y mucha tos. Allí ya le esperaban el inspector, que llevaba una chapa con el número 00068; el jefe de enfrentamiento de Baracoa, que se llamaría Alfredo Olivero, y otro oficial de la provincia.
Todo el tiempo mantuvieron distancia con él: unos cuatro metros, precisa Emilio. Pero, de todas formas, él no pudo evitar toser en varios momentos el tiempo que permaneció allí. Cuando salió de la citación con su multa sin firmar, era 3000 pesos más pobre.
En julio de 2020, cuando le pusieron la primera, la historia no fue muy distinta. En esa ocasión también lo citó un oficial para la unidad de Baracoa y, una vez allí, tras dos horas de espera, otro inspector que le dijo que era el encargado de aplicar el 370 en toda la provincia de Guantánamo,¡ le puso la multa de 3000 pesos por “hablar mal de un funcionario del gobierno”.
Almaguer de la Curz contó entonces los hechos en un video que difundió por su canal de YouTube.
"Yo no me voy a endeudar. Yo si consigo 3000 pesos sería para darle alimentación a mis hijos y mantener la casa, así que no voy a pagar. Yo no voy a pagar nada al gobierno y que hagan conmigo lo que les de la gana”, sostuvo en ese video.
Además, aseguró que seguiría publicando en las redes sociales todo lo que se encontrara de cualquier funcionario del gobierno.
“Basta ya de silenciar y acallar el derecho de recibir y divulgar información, que es un derecho con el cual uno nace”, añadió.
Y aunque al final pagó la multa, gracias también a la solidaridad de sus amigos, Emilio decidió continuar diciendo lo que pensaba en las redes sociales. Tampoco ahora, después de esta segunda multa, que vino acompañada de una amenaza de cárcel si proseguía con sus “actividades contestatarias”, piensa ceder a las presiones.
La diferencia es que, en esta oportunidad, no está seguro de poder pagar a tiempo. En el último año la situación económica del país ha empeorado. Pero, si no la paga antes de que se cumpla un mes, el importe se duplica. Y si a los 60 días todavía no la ha pagado, podría incluso correr el riesgo de ir a prisión por varios meses.
La imposición de multas ha sido durante mucho tiempo un mecanismo represivo empleado por las autoridades cubanas para reprimir a cualquier persona que cuestione demasiado el sistema o resulte incómoda.
Solo en 2020, de acuerdo con los registros de la organización independiente Cubalex, especializada en temas jurídicos y violaciones de derechos humanos en la isla, en Cuba se multaron a 30 ciudadanos con el Decreto-Ley 370 de 2019, y la mayoría, eran periodistas independientes y activistas vinculados a organizaciones disidentes.
La primera multa se impuso el 13 de enero del año pasado a la reportera y activista Iliana Hernández, colaboradora de Cibercuba, cuatro días después de un allanamiento en su vivienda por agentes policiales, durante el cual le decomisaron medios de trabajo y objetos personales sin que le entregaran un acta de ocupación.
Las historias de las víctimas de la Ley Azote demuestran que dichas multas están motivadas políticamente. El inciso I del artículo 68, que es el que se utiliza, establece como contravención el acto de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”, pero hasta ahora las autoridades lo han interpretado siempre de manera arbitraria contra quienes expresan criterios contrarios a los intereses del gobierno.
Además, aunque suelen ser funcionarios del Ministerio de Comunicaciones quienes aplican las multas, casi siempre operan en escenarios en los que resulta evidente que siguen orientaciones de agentes del Departamento de la Seguridad del Estado.
Después de junio de 2020, quizás debido al rechazo que esta normativa recibió desde distintos espacios internacionales, por constituir una violación del derecho a expresarse libremente, su uso disminuyó. No obstante, nuevos reportes de multas alertan sobre una posible reactivación de esta medida represiva.
Antes de Emilio Almaguer de la Cruz, en marzo de este año otras dos personas fueron multadas bajo el 370: Adrián Góngora, en Las Tunas, y Yeris Curbelo, periodista independiente de Palenque Visión, en Guantánamo. Al primero, por transmitir en vivo por Facebook una cola en una tienda de su ciudad y, al segundo, por filmar la protesta de un trabajador por cuenta propia frente a la estación policial de Caimanera.
Por ahora, la principal preocupación de Emilio no son sus pulmones sino si conseguirá pagar la multa a tiempo.
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