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El régimen cubano revocó el beneficio penitenciario del rapero y activista Yasmany González Valdés y lo devolvió a la compañía 2 del Combinado del Este el pasado martes 12 de mayo, apenas ocho días después de que disfrutara su primer pase en tres años de reclusión.
El Observatorio de Derechos Culturales denunció la revocación y precisó que las propias autoridades penitenciarias le comunicaron al activista el motivo: una publicación que realizó en redes sociales durante su pase del 4 de mayo, en la que mostraba fotografías comparativas de su cuerpo antes y después del encarcelamiento como evidencia del deterioro físico sufrido.
En esa publicación, Yasmany —conocido como «El Libre»— denunciaba la contradicción entre el discurso oficial cubano sobre derechos humanos y la realidad de las cárceles de la isla, y cuestionaba el silencio de parte de la comunidad internacional.
Las imágenes también mostraban tatuajes con mensajes políticos: «Libre o Mártir» y «P11-75», este último en referencia a las protestas del 11 de julio de 2021 y a los 75 presos políticos de la llamada Primavera Negra.
El propio activista había anticipado lo que ocurriría: «Si me revocan por esta publicación, verán más evidente la represión sobre aquel que dice la verdad».
Para el Observatorio de Derechos Culturales, «la revocación del pase y su retorno inmediato al Combinado del Este constituyen un castigo directo por expresarse públicamente sobre el contexto carcelario infrahumano».
La organización fue más lejos al señalar que «el sistema penitenciario cubano utiliza beneficios condicionados no como herramientas de reinserción, sino como mecanismos de obediencia y silenciamiento».
González Valdés, nacido en Artemisa el 2 de septiembre de 1992, cumple una condena de cuatro años por «propaganda contra el orden constitucional» bajo el Artículo 124 del Código Penal cubano, tras ser arrestado el 20 de abril de 2023 por su presunta participación en la pintada de grafitis anticomunistas en La Habana.
Ingresó al Combinado del Este el 29 de mayo de 2023 y desde entonces su estado de salud ha sido motivo de alarma constante.
En septiembre de 2025, su esposa Ilsa Ramos describió el estado físico del preso político con crudeza: «Estaba como un esqueleto, con el rostro hundido, brazos muy delgados, el pantalón cayéndose por la extrema delgadez y sin piezas dentales».
En febrero de 2026, Yasmany envió una carta desde prisión denunciando violaciones de sus derechos, incluida la negación sistemática de la libertad condicional.
El caso está documentado por PEN Internacional dentro de su lista de artistas encarcelados en Cuba en 2026, organización que también registra que en 2022 fue multado con 3,000 pesos cubanos —unos 125 dólares— bajo el Decreto Ley 370 por publicar denuncias contra el gobierno en redes sociales.
El historial de represión contra González Valdés se enmarca en un contexto de represión masiva: según Prisoners Defenders, Cuba registraba 1,192 presos políticos en diciembre de 2025, un récord histórico.
«Cuando la voz falta, el cuerpo termina convertido en archivo», concluyó el Observatorio de Derechos Culturales al denunciar el caso de un activista cuyas propias marcas físicas se convirtieron en el pretexto para prolongar su castigo.
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