La resolución sobre Cuba aprobada este jueves por el Parlamento Europeo (PE) responsabiliza al gobierno de la isla por la violencia del 11J y pide sanciones a los represores, de acuerdo con la Ley Magnitsky que pudiera aplicarse, incluso, al gobernante Miguel Díaz Canel, dijo Laritza Diversent.
“Sí creo que puede ser sancionado en un procedimiento de oficio”, aseguró la directora ejecutiva de Cubalex, y agregó que se trata de un proceso que “cualquiera de los Estados de la Unión Europea podría iniciar en contra del mandatario cubano, porque hay evidencias públicas”.
“Y no solo eso -continuó- sino que es público también cuando él dice que no se arrepiente de haber promovido e incitado a la violencia a través de los medios de comunicación siendo el jefe de las instituciones armadas del país”.
Durante el programa Las mañanas de CiberCuba, la abogada se refirió a las consecuencias del llamado “la orden de combate está dada. A la calle los revolucionarios” que hiciera el mandatario el 11 de julio. Entre ellas, el fuerte despliegue de efectivos militares, brigadas especiales y de respuesta rápida, así como policías.
“Lo que hicieron los boinas negras… se vieron muchas veces de manera violenta y disparando, tirando piedras”, dijo Diversent y recordó que en las imágenes de ese día “se vio un solo manifestante y cuatro o cinco de los boinas negras encima golpeándolo”.
La letrada aclaró que no se trató de un hecho aislado, sino que “la cantidad de efectivos militares cuando fueron a agredir y alcanzaron a un manifestante, era cinco veces mayor que los mismos que protestaban, sin contar que emplearon muchísimos militares vestidos de civil”.
El director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxis Cires, también presente en el programa, coincidió en que “hay pruebas públicas para la aplicación de esta sanción o de cualquier otra”, pero manifestó escepticismo sobre la posibilidad de que el mandatario de Cuba sea sancionado por la Unión Europea.
“Yo creo que la Unión Europea, si da ese paso, lo haría por unos mandos de nivel medio, a nivel de director de la policía o de instituciones o entidades como las brigadas especiales”, opinó Cires, y advirtió que, en la búsqueda de justicia, sancionar a funcionarios de menor rango “es un buen paso”.
Para el también coordinador de Cuba Humanista, la razón por la que no considera a Díaz-Canel como objetivo de la Ley Magnitsky europea se debe a “cuestiones pragmáticas y políticas que también influyen”, así como el funcionamiento de “mecanismos que implican instituciones políticas donde, incluso, se tiene en cuenta el interés nacional”.
Las claves para medir la intención del PE de aplicar sanciones a altos funcionarios del gobierno de Cuba, incluyendo al presidente de la república, se pueden encontrar en los artículos 1, 2, 10 y 15 de la propia resolución votada este jueves.
El artículo 1 condena “la violencia y represión extrema ejercida contra los manifestantes” y responsabiliza de ello al gobierno cubano. El articulo 2 pide el fin de la represión y la liberación de todos los presos políticos.
De igual modo, “condena que la respuesta del gobierno frente a estas manifestaciones incluya el despliegue de boinas negras y de grupos civiles en respuesta al llamamiento del presidente Miguel Díaz-Canel a ‘defender la revolución’”.
El artículo 10 lamenta “el deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba” y “hace hincapié en que Cuba ha vulnerado sistemáticamente las disposiciones básicas del Acuerdo desde el momento de su entrada en vigor”.
Por último, el artículo 15 “pide al Consejo que haga uso de lo dispuesto en la Ley Magnitsky de la Unión y adopte sanciones lo antes posible contra los responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba”.
La Ley Magnitsky permite a la UE sancionar a ciudadanos extranjeros por graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala. Las sanciones pueden ser económicas o migratorias. La legislación lleva el nombre del auditor Sergéi Magnitsky (1972-2009), quien denunció el fraude fiscal en Rusia y terminó sus días torturado en una prisión de Moscú.
La ley fue adoptada por acuerdo del 7 de diciembre de 2020, y establece un marco legal para aplicar medidas restrictivas específicas a personas responsables, como “el bloqueo de fondos y recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que sean responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos, apoyen tales actos o estén implicados en ellos de cualquier otro modo, y la prohibición de poner fondos y recursos económicos a su disposición”, según se lee en el texto de la Ley o Reglamento (UE) 2020/1998.
Califican como objetos de esta Ley los que incurren en la trata de personas, los responsables de “violaciones o abusos de la libertad de reunión pacífica y de asociación”, así como “de la libertad de opinión y de expresión”, entre otros atropellos, siempre que “sean generalizados, sistemáticos o revistan otro tipo de gravedad respecto de los objetivos de la política exterior y de seguridad”.
De esta forma, la Unión Europea abre paso a la penalización de representantes del aparato represivo cubano, como lo hiciera Estados Unidos bajo su propia Ley Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) al sancionar en agosto al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, General Álvaro López Miera, y a la Brigada Especial del Ministerio del Interior.
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