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Archipiélago denuncia acoso de las autoridades cubanas contra ciudadanos que marcharán el 15N

"Exigimos el cese de toda forma de persecución por razones políticas y que se respeten los derechos humanos y constitucionalmente reconocidos", dice el texto que puede leerse en Facebook, red social donde el grupo cuenta con más de 8,700 seguidores.

Señal de las calles 15 y N en La Habana © Facebook / Archipiélago
Señal de las calles 15 y N en La Habana Foto © Facebook / Archipiélago

Este artículo es de hace 2 años

El grupo Archipiélago, plataforma de la sociedad civil independiente promotora de la marcha pacífica del 15N, denunció a través de un comunicado el acoso de las autoridades cubanas contra la ciudadanía y exigió el cese de la persecución por razones políticas.

"Denunciamos toda forma de acoso a la ciudadanía por parte de las autoridades. Exigimos el cese de toda forma de persecución por razones políticas y que se respeten los derechos humanos y constitucionalmente reconocidos", dice el texto que puede leerse en Facebook, red social donde el grupo cuenta con más de 8,700 seguidores.

El documento señaló que la Seguridad del Estado no solo citó a los principales promotores de la protesta pacífica, sino que lo hizo también con las personas que firmaron las solicitudes que se entregaron en las intendencias municipales de al menos ocho ciudades de Cuba.

"¿Cuál puede ser la motivación para que ciudadanos honrados sean citados de esta manera? ¿Ven acaso algún peligro en el ejercicio de los derechos humanos que nuestra Constitución reconoce y ampara?", preguntaron los integrantes de Archipiélago.

Los organizadores del 15N conocen que el Gobierno cubano pretende evitar el apoyo de los ciudadanos a la iniciativa y advierten que manifestarse es ilegal, recriminando el apoyo a través de firmas.

"Es nuestro deber ciudadano recordarle a las autoridades de la DSE que suscribir cartas dirigidas a intendencias o gobiernos locales, ya fueran para petición o queja, constituye un derecho reconocido en el artículo 61 de la Constitución de 2019; que firmar cartas de apoyo o expresarlo públicamente es un derecho reconocido en la Constitución en su artículo 54; que manifestarse es un derecho reconocido en la Constitución en su artículo 56", agregó el texto.

El comunicado agregó que los firmantes y ciudadanos que apoyan la Marcha Cívica por el Cambio no lo hacen en nombre de una organización política específica, sino por los derechos ciudadanos que les asisten.

"Indagar sobre las motivaciones o intenciones personales para hacerlo es, a todas luces, irrelevante en tanto ninguno ha cometido delito", agregó.

Así mismo reiteraron que la marcha pacífica del 15N tiene una intención clara y pública: “contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.”

A continuación CiberCuba reproduce íntegramente la denuncia contra la Seguridad del Estado que publicó en Facebook la plataforma Archipiélago:

Denuncia sobre el acoso del Departamento de Seguridad del Estado.

Llega a nuestro conocimiento que el Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) ha comenzado a citar a varios ciudadanos de manera aleatoria para “conversatorios” e interrogatorios con motivo de la Marcha Cívica programada para el 15 de noviembre. Las citaciones hasta la semana pasada habían sido dirigidas hacia los coordinadores del grupo Archipiélago, firmantes de las cartas a las intendencias y gobiernos provinciales, familiares y allegados. Ahora, en una conducta carente de sentido, han comenzado a citar al azar a los firmantes de la lista de apoyo a la marcha, la cual abarca más de 1200 personas, e incluso a aquellos que han expresado en redes su apoyo a la iniciativa cívica del 15N.

¿Cuál puede ser la motivación para que ciudadanos honrados sean citados de esta manera? ¿Ven acaso algún peligro en el ejercicio de los derechos humanos que nuestra Constitución reconoce y ampara?

No escapa a nuestro conocimiento, pues así lo han hecho constar públicamente las autoridades y dan testimonio de ello varios de los interrogados, que pretenden evitar que los individuos expresen apoyo al 15N, que publiquen o comenten sobre el 15N, les advierten que manifestarse es ilegal y les recriminan haber dado su firma para apoyar la iniciativa de la Marcha Cívica.

Es nuestro deber ciudadano recordarle a las autoridades de la DSE que suscribir cartas dirigidas a intendencias o gobiernos locales, ya fueran para petición o queja, constituye un derecho reconocido en el artículo 61 de la Constitución de 2019; que firmar cartas de apoyo o expresarlo públicamente es un derecho reconocido en la Constitución en su artículo 54; que manifestarse es un derecho reconocido en la Constitución en su artículo 56.

También queremos hacer constar a las autoridades que la Constitución en su artículo 41 “reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento para todos”. Que la Constitución reconoce en su artículo 42 que todas las personas son iguales ante la ley, reciben el mismo trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana, lo cual incluye la no discriminación por razones políticas.

Las personas que han apoyado de alguna forma la iniciativa de la Marcha Cívica por el Cambio no lo han hecho a nombre de organización política alguna, sino en ejercicio de los derechos que como ciudadanos les asisten. Indagar sobre las motivaciones o intenciones personales para hacerlo es a todas luces irrelevante en tanto ninguno ha cometido delito. La única intención que debe constar a las autoridades es la que se ha hecho pública y se ha remitido expresamente, respecto a los motivos de la Marcha Cívica por el Cambio, la cual reproducimos a continuación: “contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.”

Si las autoridades tienen preocupación con respecto a que los ciudadanos cubanos manifiesten su descontento con la situación actual del país, con el deplorable tratamiento a los que disienten, con las violaciones de los derechos humanos y que denuncien públicamente todas las violaciones y deficiencias del sistema imperante en Cuba, entonces no nos den motivos.No es el ejercicio de los derechos constitucionalmente refrendados lo que pone en peligro el orden establecido, sino la irresponsable gestión del gobierno y el proceder arbitrario de las autoridades; la persistencia y agravamiento de estos problemas, lejos de desanimar nuestra intención de manifestarnos la fortalece.

Por este medio y sabiendo que la razón y la ley nos asiste:

Denunciamos toda forma de acoso a la ciudadanía por parte de las autoridades.

Exigimos el cese de toda forma de persecución por razones políticas y que se respeten los derechos humanos y constitucionalmente reconocidos.

Agradecemos a la ciudadanía por su civismo y por la solidaridad mostrada con las víctimas del acoso del DSE.

Recalcamos nuestra firmeza y convicción de marchar el día 15 de noviembre.

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