La administración Biden está reconsiderando el enfoque estadounidense para la aplicación de sanciones como una herramienta de su política exterior para influir en el comportamiento de sus adversarios sin necesidad de usar la fuerza.
Después de cuatro años de recurrir a ellas de manera creciente por parte del presidente Donald Trump, la administración estadounidense se ha propuesto evaluar la eficacia de las mismas, así como las sinergias necesarias con otras medidas para conseguir resultados.
Ante la evidencia de que las sanciones constituyen herramientas poderosas, pero que con frecuencia no logran derribar regímenes o moderar su comportamiento, la administración liderada por el presidente demócrata busca afinar el diseño y aplicación de estas políticas coercitivas.
Un nuevo informe del Departamento del Tesoro encontró que la aplicación de sanciones aumentó un 933% desde el año 2000. Según Axios, el incremento resultó particularmente dramático bajo el mandato de Trump.
Los expertos mostraron preocupación ante la posibilidad de que el uso excesivo de las sanciones debilite en última instancia la propia herramienta, a medida que los países y las empresas sujetos a ellas puedan ir encontrando nuevas soluciones a las trabas y dificultades que estas crean.
La revisión del Tesoro determinó, además, que las sanciones deben calibrarse con más cuidado para limitar sus costos humanitarios y coordinarse más estrechamente con los aliados para maximizar la efectividad. En ese sentido, señaló la posibilidad de que su aplicación pueda aumentar el sufrimiento de los civiles y el resentimiento hacia Estados Unidos.
Entre las recomendaciones hechas, el Tesoro enfatizó que las sanciones deben estar vinculadas a objetivos políticos específicos y que en su propuesta de aplicación se deben incluir de manera clara las circunstancias bajo las cuales estas se levantarían.
“Si las herramientas no se utilizan al servicio de un enfoque diplomático más amplio, es posible que inflija dolor, pero no logrará su objetivo. Las sanciones son una herramienta, no son el fin en sí mismas”, indicó el exsecretario del Tesoro, Jack Lew, en un panel compartido con el actual responsable de la actual revisión de la política de sanciones, el subsecretario del Tesoro, Adewale Adeyemo.
Por su parte, Daniel Fried, quien se desempeñó como coordinador de sanciones durante la administración Obama consideró que en ocasiones las sanciones se imponen por un impulso de "hacer algo" en respuesta a alguna actividad maligna. Ante estas actividades, resulta más eficaz aplicar sanciones a las personas del régimen, en lugar de sanciones más amplias que engloben sectores industriales o economías completas.
El dilema que supone la aplicación de sanciones, según Lew, muchas veces termina en el reconocimiento de una verdad incómoda: cualquiera que sea su efectividad a largo plazo, las sanciones estadounidenses a menudo lastiman a personas inocentes aquí y ahora.
"No es el objetivo de las sanciones negarles a las personas enfermas medicinas y alimentos a las personas hambrientas. El objetivo de las sanciones es cortar los recursos para crear un dolor económico general", dijo Lew. "Una consecuencia es un subproducto de la otra".
La revisión de la política de sanciones emprendida por la administración Biden indica la preocupación de la misma por dotar de mayor eficacia a estas herramientas, aplicando cálculos morales, estratégicos y geopolíticos a sus decisiones en este ámbito. Según Axios, esta complejidad de análisis significa que en la práctica no habrá respuestas fáciles.
Aunque Biden ha estado mucho menos inclinado a imponer nuevas sanciones que su predecesor, según el portal citado, parece no tener prisa por levantar las sanciones de larga data contra Cuba, ni aquellas adoptadas por su predecesor en el cargo.
Recientemente, el gobierno de Estados Unidos advirtió que impondrá más sanciones al régimen cubano si se "violan los derechos fundamentales" de los ciudadanos que planean realizar la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para realizarse el próximo 15 de noviembre.
Además de Cuba, la administración Biden tiene a Bielorrusia entre los países a los cuales podría ampliar el régimen de sanciones sectoriales, luego de consultarlo y recibir el visto bueno de la oposición al dictador Aleksandr Lukashenko.
Sviatlana Tsikhanouskaya, líder de la oposición, presionó a favor de las sanciones argumentando que eran la herramienta más poderosa disponible para presionar al dictador, pero también reconoció que dañaría a los civiles bielorrusos y no podrían derrocar al régimen.
¿Qué opinas?
VER COMENTARIOS (2)Archivado en: