El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim A. Khan, anunció este jueves que ha decidido abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
"El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma", reza un memorando firmado con Venezuela y leído frente a Khan y al presidente Nicolás Maduro. El memorando también recoge que Venezuela "interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación".
Dicho artículo reza que "el fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto (de Roma)".
Las partes han acordado que Venezuela, como jurisdicción nacional, "adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad". También "establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal" en Venezuela.
Además, han optado por "esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales". Finalmente, acordaron "trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado y significativo".
El anuncio se hizo en el Palacio de Miraflores, durante la firma de un memorándum de entendimiento con Maduro, en el que este se compromete a cooperar con el proceso.
"El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase, no compartimos la decisión, pero la respetamos”, dijo el líder chavista en un acto televisado. Venezuela es el primer país latinoamericano que será investigado por la CPI.
El memorando explica que ha concluido el examen preliminar sobre el proceso abierto en 2018 y advierte de que en esta fase no se ha identificado a “ningún sospechoso ni ningún objetivo”. Explica, además, que la investigación que comenzará ahora tiene por objeto “determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.
El anuncio abre expectativas de reparación a centenares de víctimas de detenciones arbitrarias, así como a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de presos políticos que han denunciado torturas en las cárceles militares y del servicio de inteligencia venezolanos.
Los defensores de derechos humanos han calificado la decisión como un enorme progreso en la búsqueda de justicia.
En un esfuerzo por conseguir un alivio de las sanciones internacionales, el Gobierno de Maduro había emprendido a última hora una serie de reformas judiciales. También anunció varias excarcelaciones.
En diciembre pasado, la anterior fiscal Fatou Bensouda había concluido que había suficientes evidencias de que se habían cometido crímenes que correspondía investigar a su jurisdicción. El pase a la fase de investigación se esperaba desde el mes de junio, cuando asumió el fiscal británico.
El gobierno de Maduro se empeña en derribar los cercos diplomáticos que le ha levantado la comunidad internacional en rechazo a la deriva autoritaria que vive Venezuela desde hace años, y que ha ocasionado una crisis humanitaria dentro del país y otra migratoria en la región.
Desde mayo de 2019, cuando la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país se han producido una serie de informes en los que se ha constatado la magnitud de las violaciones y el descalabro político, económico y social venezolano.
El último de ellos, el segundo avance de la Misión Independiente de las Naciones Unidas, señalaba que el sistema judicial es un brazo de la represión contra la disidencia en el país.
El gobierno de Venezuela suspendió a mediados de octubre su participación en las negociaciones con la oposición, luego de que Cabo Verde extraditara a Alex Saab, un enviado del presidente venezolano Nicolás Maduro, a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
¿Qué opinas?
VER COMENTARIOS (1)Archivado en: