El gobierno de Estados Unidos anunció que nuevas sanciones contra funcionarios del régimen cubano están en camino, en respuesta a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en la isla.
Así lo confirmó el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en La Habana, Mike Hammer, durante una conferencia de prensa celebrada este jueves en Miami.
“Las sanciones del miércoles son un principio, no un fin. Esta administración está determinada a sancionar a los represores. Va a haber consecuencias por sus acciones. No puedo adelantarme a más medidas que van a venir, pero vendrán, eso se los puedo asegurar”, declaró Hammer.
Las declaraciones del diplomático siguen a la reciente imposición de sanciones contra cuatro funcionarios judiciales cubanos, por su implicación directa en la detención arbitraria y condena del activista Luis Robles Elizástigui, encarcelado en 2020 tras manifestarse pacíficamente con un cartel que pedía “Libertad” y “No + represión”.
Los sancionados son la fiscal Yanaisa Matos Legrá y los jueces Gladys María Padrón Canals, María Elena Fornari Conde y Juan Sosa Orama, todos adscritos al Tribunal Provincial Popular de La Habana.
Según el Departamento de Estado, estos funcionarios “actuaron como agentes del régimen, no como representantes de un poder judicial independiente”.
Las sanciones incluyen restricciones de entrada a Estados Unidos tanto para los implicados como para sus familiares inmediatos.
“Los jueces sancionados son responsables de procesos legales simulados que apuntan, condenan y sentencian injustamente a personas por expresiones pacíficas y activismo político”, señaló el comunicado del Departamento de Estado.
La acción fue respaldada por un alto funcionario de la cancillería estadounidense, quien destacó que esta política forma parte del compromiso de la administración Trump con la rendición de cuentas y la defensa de los derechos humanos en Cuba.
En ese marco, se reiteró que casos como los de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, líderes opositores reencarcelados por “motivos frívolos”, demuestran el uso sistemático del poder judicial como herramienta de represión.
Luis Robles, el joven cuya detención originó las sanciones, fue liberado en enero de 2025 tras cumplir casi toda su condena. Su caso generó indignación internacional y fue calificado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU como una detención injusta y arbitraria.
“Esta respuesta desproporcionada evidencia la intolerancia del régimen hacia la disidencia y la falta de libertades fundamentales en la isla”, subrayó el Departamento de Estado.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.