La Unión Europea ha dado un espaldarazo diplomático a la Marcha Cívica para el Cambio, anunciada para el próximo 15 de noviembre en varias ciudades cubanas.
Los diplomáticos de la UE acreditados en la isla seguirán de cerca los acontecimientos que se produzcan ese día, tal como habían solicitado muchos de los activistas y disidentes en días pasados.
En respuesta a la carta enviada al Alto Representante para Asuntos Exteriores Josep Borrell por la Delegación de Relaciones con América Central y Cuba, de la que forman parte los eurodiputados Javier Nart, Tilly Metz (Los Verdes) y Jens Gieseke (democristiano), se aseguró que los delegados de la UE presentes en la isla mantendrán informado a Borrell sobre los acontecimientos.
En la misiva, los eurodiputados solicitaron que los diplomáticos observaran in situ los acontecimientos, siempre al amparo de la Convención de Viena, según publica hoy el diario español El Mundo.
Un grupo de diplomáticos europeos que se encuentran en la capital cubana también están decididos a participar como observadores en las protestas cívicas, tal y como hicieron durante la marcha LGBTI de 2019, duramente reprimida.
También la oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, informó este jueves que hará un "monitoreo remoto" de lo que suceda el lunes en las calles cubanas. Organizaciones civiles y de derechos humanos han exigido a Bachelet en incontables ocasiones que haga referencia a la crítica situación de Derechos Humanos en la isla, sobre todo después de las protestas del 11J.
Al frente de la delegación europea en La Habana permanece la diplomática portuguesa Isabel Brilhante, declarada persona non grata por el dictador Nicolás Maduro en febrero pasado y expulsada de Venezuela.
Brilhante asumió su nuevo cargo en Cuba, pocos días después del estallido social del 11-J, cuando miles de jóvenes cubanos se lanzaron a las calles en medio centenar de municipios, al ritmo del himno 'Patria y Vida', para gritar en contra de la dictadura y pedir libertad y cambios políticos.
A juzgar por la posición de la Unión Europea, que ha aprobado ya en su Parlamento dos duras resoluciones sobre la represión y la lamentable situación de los derechos humanos en la isla durante los últimos meses, la ofensiva diplomática del MINREX cubano no ha tenido mucho recorrido.
Este miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, convocó a una conferencia de prensa para declarar ante el cuerpo diplomático que el régimen no tolerará la marcha del 15N, que considera una provocación subversiva, organizada y financiada por EE.UU.
Esa tesis oficialista (repetida una y otra vez en medios oficialistas a los que los acusados no tiene acceso) ha sido rebatida en varias ocasiones por los miembros de la plataforma Archipiélago y su líder, Yunior García Aguilera.
“El Gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente que no tiene ninguna relación con Archipiélago o con la marcha. Nuestra plataforma aspira de manera irrenunciable a que nuestros conflictos internos sean resueltos sin injerencias”, dijo García en un comunicado este jueves.
Por su parte, el gobierno norteamericano ya alertó que una escalada represiva el 15N en Cuba podría tener consecuencias en las relaciones políticas entre ambos países.
Varios países y organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos han pedido a las autoridades cubanas que dejen de reprimir las voces disidentes y garanticen la libertad de expresión y manifestación.
El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre libertad sindical y reunión pacífica Clement Voule recordó recientemente al gobierno cubano "su obligación de proteger y facilitar la expresión a través de protestas pacíficas".
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