Las autoridades cubanas inauguraron este lunes el año judicial 2022 en el país, en medio de los juicios que se están celebrando a los manifestantes del 11 de julio.
La ceremonia de apertura se efectuó en el Tribunal Supremo Popular (TSP), donde su presidente, Rubén Remigio Ferro, expuso los principales resultados de 2021.
"La impartición de justicia es de las actividades que no se detienen y mantienen su vitalidad, aun en circunstancias tan complejas como las que ha impuesto la pandemia", dijo, citado por Cubadebate.
Según Remigio Ferro, en 2021 los tribunales cubanos juzgaron a quienes incumplieron las medidas sanitarias impuestas para combatir la pandemia, así como a los que "cometieron hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves actos delictivos", dijo, sin mencionar las más de 300 personas que han sido procesadas por participar en las multitudinarias protestas contra el régimen en julio pasado.
El magistrado informó que en el año recién concluido los tribunales debieron tramitar y resolver 138,380 casos, pero que debido a las limitaciones asociadas a la pandemia, solo se pudieron concluir 123,662.
"Por diversas razones, permanecen 1,752 asuntos con retraso en su tramitación y solución, y existen demoras en el cumplimiento y ejecución de 831 sentencias firmes", reconoció.
Ferro admitió también que se han constatado deficiencias en la actuación de algunos jueces y secretarios judiciales, que "restan efectividad, transparencia y credibilidad a la actividad judicial, y generan quejas e insatisfacciones justificadas en la población".
Asimismo, llamó a mantener una actitud "combativa, intolerante e intransigente" contra la falta de ética y "cualquier síntoma de parcialidad o corrupción" por parte de los miembros de esos órganos.
Al menos 727 manifestantes del 11 de julio, incluidos 15 niños y 70 mujeres, siguen presos en cárceles de Cuba, según datos del grupo de trabajo independiente Justicia 11J.
Desde las protestas de ese día se tiene el registro de 1,377 personas detenidas, de las cuales solo han sido juzgadas 361.
Según este grupo, que visibiliza la situación de los presos políticos en Cuba, en muchas detenciones se está violando lo dispuesto en el Código Penal, en lo referido a que los menores de 20 años de edad deben cumplir la sanción en establecimientos especialmente destinados a ellos, o en secciones separadas de los destinados a mayores de esa edad.
El grupo independiente anunció que durante la semana del 17 al 21 de enero se realizarán tres juicios a 45 manifestantes del 11J en las provincias de La Habana y Mayabeque.
Entre los delitos que se les imputan a esos manifestantes están los de desorden público, desacato, resistencia, atentado y ultraje a los símbolos de la patria.
En la capital serán juzgados nueve menores de 20 años, junto a otros manifestantes, por el delito contra la seguridad del Estado de sedición, con peticiones fiscales de entre 15 y 20 años.
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