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Cubanos vuelven a poner en evidencia a la dictadura por juicios del 11J

La existencia de cientos de cubanos -nacidos y criados dentro de la revolución, incluidos jóvenes y menores de edad- empeñados en cambiar el sistema político, es la mejor prueba de la pujanza de la sociedad civil y del fracaso del castrismo.

Fiscal General de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda © ACN
Fiscal General de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda Foto © ACN

Este artículo es de hace 2 años

La sociedad civil cubana, liderada por entidades especializadas como Justicia 11J, Cubalex, familiares de presos políticos, opositores y activistas, ha vuelto a dejar en evidencia a la dictadura más antigua de Occidente, obligándola a admitir la existencia de menores de edad presos y procesados y la completa subordinación de la justicia al gobernante partido comunista, único legal en Cuba.

Desde el surgimiento del Movimiento San Isidro, los cubanos han ido asumiendo una actitud de mayor rechazo al régimen y a sus medidas, como quedó evidenciado el 27N, la fracasada Tarea ordenamiento, el propio 11J, el 15N y la coherencia de Archipiélago y otras agrupaciones opositoras.

De hecho, la valentía cívica de cubanos hizo aflorar la persecución gubernamental contra la agencia EFE en Cuba, al cuestionar la escasa cobertura de los corresponsales extranjeros a los juicios del 11J; provocando que la presidenta de la agencia española, anunciara que se están planteando cerrar su oficina en La Habana ante las trabas del gobierno a su desempeño profesional.

Un comunicado de la Fiscalía General de la República, publicado ante las denuncias nacionales e internacionales, atribuye a "un contexto especialmente complejo de crisis económica mundial, agudizada por una pandemia sin precedentes que arrebató la vida a muchos cubanos, y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos a nuestro país, que continúa intentando, sin poder lograrlo, destruir a la Revolución".

Una vez más la dictadura intenta escamotear las legítimas causas de rebeldía popular cubana, mientras se pasa la vida jaleando cuanto pronunciamiento ciudadano ocurre en países con gobiernos adversarios, mientras que suaviza y tergiversa los estallidos en naciones con gobernantes aliados, como el reciente en Kazajistán.

La excusa del embargo comercial norteamericano cae por su propio peso, con solo echar un vistazo a las cifras de importación de alimentos estadounidenses durante 2021 y las sanciones no influyeron en que la principal planta suministradora de oxígeno terapéutico permaneciera rota 18 años y que las autoridades cubanas no se percataran hasta que la crisis del coronavirus destrozó el mito de potencia médica; pese a que el ministro de Economía aseguró que garantizarían doce medicamentos y oxígeno medicinal.

Otro elemento nuevo y esperanzador, es que esta vez las familias de los encausados y condenados no se han plegado a las presiones del gobierno, no han repudiado a sus hijos, padres, hermanos y han denunciando públicamente los atropellos represivos y jurídicos; provocando presiones de la ineficaz Seguridad del Estado, que parece negada a enterarse que Cuba cambió; aunque también teme al futuro.

Como el tema de niños y jóvenes presos desprestigia al gobierno, incluso ante aliados comprensivos, la Fiscalía abordó el procesamiento de menores y jóvenes por su supuesta participación en el 11J, como veremos a continuación:

"En cuanto a los menores de 16 años de edad, en Cuba estos no son sujetos del Derecho Penal. En las investigaciones se acreditó la participación de 27, a los que se les aplicó el procedimiento legal establecido: 10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos; a 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios."

¿Estuvieron detenidos esos 27 cubanos menores de 16 años, como denunciaron sus padres, familiares, opositores y miembros de la sociedad civil, durante cuánto tiempo, qué trato recibieron, y qué garantías tuvieron en su defensa o para apelar la decisión de apartar a 10 del sistema educativo?

De 710 acusados que admite el gobierno por el 11J, hay 115 cubanos presos de entre 16 y 20 años de edad, y la Fiscalía entra de lleno en el delito de Sedición, que usa para intentar justificar las altas condenas a prisión, en otro ejercicio de contradicción flagrante del tardocastrismo; veamos:

"La decisión de la Fiscalía de sostener la acusación ante los tribunales, en todos los casos estuvo basada en los medios de prueba aportados, entre ellos las declaraciones de testigos y víctimas, peritación de videos publicados en diferentes medios y otros ocupados, que permitieron la identificación de los imputados en hechos que tipifican delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado, sabotaje y sedición.

"La determinación de acusar por el delito de sedición, aunque tiene previstas sanciones severas, se corresponde con el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional."

¿No había indicado la propia fiscalía unos párrafos antes que el origen del 11J era externo por la complicada coyuntura mundial, con pandemia de coronavirus y embargo norteamericano? Y ahora resulta que hay cientos de cubanos que pretenden subvertir el orden.

Pero más allá de cifras y legalismos, la existencia de cientos de cubanos -nacidos y criados dentro de la revolución, incluidos jóvenes y menores de edad- empeñados en cambiar el sistema político, es la mejor prueba de la pujanza de la sociedad civil y del fracaso del castrismo en su alegada legitimidad por aclamación popular, sin tener que medirse en las urnas con adversarios políticos de ideas diferentes para Cuba.

Los miles de cubanos que salieron a las calles el 11J son la muestra evidente de que no respondían a consigna extranjera u opositora alguna, sino a su propia ansia de vivir en libertad, democracia y prosperidad.

Pese al cuantioso e innegable desgaste interno y externo, el gobierno aún está a tiempo de corregir su desproporcionada respuesta a la rebelión popular del 11J, asumiendo una amnistía general para presos políticos, que incluya a José Daniel Ferrer, Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Navarro, entre otros; como viene reclamando la oposición y la sociedad civil.

La cárcel y el destierro forzoso no podrán enjaular las ansias de libertad, el hambre y la enfermedad que golpea a millones de cubanos por irresponsabilidad y cobardía del gobierno, atrincherado en su miedo y a la defensiva, como demuestra la tardía y errónea nota de la Fiscalía General de la República.

El uso y manipulación de instituciones del Estado y mecanismos legales desprestigia al gobierno cubano, compromete la honorabilidad de las personas y entidades encargadas de impartir justicia y genera un limbo legal donde todo aquello beneficioso para la dictadura adquiere legitimidad y es usado para intentar desacreditar a adversarios y a cubanos que discrepan del orden imperante y creen en un estado de derecho como salvación de Cuba.

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Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.

Carlos Cabrera Pérez

Periodista de CiberCuba. Ha trabajado en Granma Internacional, Prensa Latina, Corresponsalías agencias IPS y EFE en La Habana. Director Tierras del Duero y Sierra Madrileña en España.


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