La administración de Joe Biden nombró a un reconocido asesor del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) para liderar los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por llegar al fondo del "síndrome de La Habana".
Maher Bitar, director principal de los programas de inteligencia del NSC, fue designado por la Casa Blanca como coordinador especial de la batalla gubernamental frente a los denominados Incidentes Sanitarios Anómalos (AHI), causantes de afectaciones cerebrales y sicológicas en alrededor de mil diplomáticos alrededor del mundo. La designación añade una nueva responsabilidad a su cargo en el NSC, no una sustitución de funciones.
El nombramiento de Bitar ocurrió el pasado martes en Washington, justamente horas antes de que se difundiera el más reciente informe de expertos sobre los enigmáticos incidentes, reportados por primera vez en La Habana a finales de 2016.
Su designación constituye un reforzado impulso de la administración Biden por avanzar la investigación y desentrañar el misterio de los problemas de salud que aquejan a diplomáticos y sus familiares. Bitar coordinará las tareas gubernamentales en conexión con dos funcionarios nombrados en el Departamento de Estado, el pasado noviembre.
"Maher Bitar será el Coordinador Interinstitucional de Incidentes Sanitarios Anómalos (AHI), un cargo establecido en el presupuesto de Defensa [NDAA] para del año fiscal 2022, y es responsable de coordinar la respuesta del gobierno de Estados Unidos a los AHI", dijo un alto funcionario del Departamento de Estado a CiberCuba.
Abogado de origen palestino, con credenciales académicas en las universidades de Oxford (Inglaterra) y Georgetown (Washington), Bitar fue director de Asuntos Israelíes y Palestinos en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración de Barack Obama.
A partir de 2017 se desempeñó como asesor general del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, hasta que Biden lo seleccionó para dirigir los programas de inteligencia del NSC, en enero de 2021. En ese puesto se recibe toda la información sensible de las agencias federales y se coordinan las operaciones encubiertas entre las comunidades de inteligencia y la Casa Blanca.
Su oficina también alberga el servidor que almacena la información clasificada de máxima seguridad.
El funcionario consultado por CiberCuba explicó que la nueva función de Bitar es distinta a la del Embajador Jonathan Moore, que es el Coordinador del Grupo de Trabajo de Respuesta a Incidentes Sanitarios en el Departamento de Estado y gestiona la política en asuntos relacionados con las afectaciones al personal diplomático.
Con la aprobación de la Ley de Defensa (NDAA FY22), el embajador Moore servirá como Jefe de Coordinación del Departamento de Estado para AHI en el proceso interinstitucional, mientras que la embajadora Margaret Uyehara dirige el equipo del Departamento de Estado dedicado a atender directamente a los empleados y familiares afectados.
"Hay reuniones periódicas entre el Coordinador Interinstitucional de AHI [Bitar] y la dirección del Departamento de Estado, ya que ambas partes colaboran estrechamente", agregó el funcionario. "Aunque están separadas, las funciones están relacionadas en su interés por llegar al fondo de los incidentes sanitarios anómalos y atender a los afectados".
El tema de la coordinación entre las diferentes agencias federales involucradas en el "síndrome de La Habana" es una clave del proceso investigativo y las posibles acciones que se deriven de los resultados, pues en los estudios divulgados parecen prevalecer diferencias de criterios que emergieron desde los primeros reportes de casos.
El reporte de un panel de expertos que trascendió públicamente el pasado miércoles esgrimió el argumento de que ondas de energía radioeléctrica pulsadas por una fuerza externa podrían ser la causa de las lesiones, una postura que se distancia de un estudio previo de la CIA.
De acuerdo con las conclusiones preliminares de la investigación de la CIA, la mayoría de los casos de afectaciones de salud pudieran explicarse por causas ambientales, condiciones médicas no diagnosticadas o estrés más que por la acción de una fuerza hostil o poder extranjero con el interés de perjudicar a Estados Unidos.
Aunque en ninguno de los casos se trata de conclusiones definitivas, las diferencias entre ambos reportes desataron críticas por parte de grupos defensores de los afectados, a la vez que profundizaron la incertidumbre ante la ausencia de un criterio científico firme, seis años después de iniciadas las indagaciones sobre lo ocurrido.
La administración Biden está bajo una fuerte presión para desentrañar las causas de las afectaciones, que provocaron el cierre de los servicios consulares en la embajada de La Habana y el recorte del 60 por ciento de los diplomáticos asignados a esa legación, en 2017.
Aunque los casos de personas afectadas por los presuntos "incidentes sónicos" se registrado en más de 40 países, solo la embajada en Cuba redujo personal y congeló sus servicios, con la inevitable afectación del procesamiento de visas de miles de personas.
La decisión fue objeto también de fricciones entre el Departamento de Estado y la CIA, según un reporte interno de 2018.
Y justamente Bitar es una pieza de confianza de Biden para limar asperezas, consolidar los esfuerzos gubernamentales y llevarlos hasta puerto final, en momentos en que Washington se dispone a ampliar la cantidad de funcionarios consulares en servicio temporal en la capital cubana en una fecha próxima.
La sede diplomática de La Habana también lanzó recientemente una convocatoria para ofertas de empleo a los ciudadanos cubanos interesados. Los puestos de trabajo incluyen guardia de seguridad, patrullero móvil, auxiliar de oficina y supervisor de viajes y transporte.
Un funcionario de la administración Biden que habló esta semana con CiberCuba bajo condición de anonimato, dijo que el personal para el servicio consular podría viajar a La Habana para finales de febrero.
Como parte de los ingentes esfuerzos de su administración sobre el "síndrome de La Habana", Biden fijó el próximo 25 de febrero como fecha límite para que el gobierno federal emita nuevas directrices sobre "los elementos de su fuerza laboral que se consideran bajo riesgo de exposición a los incidentes anómalos de salud".
La instrucción presidencial implica que el Departamento de Estado, Departamento de Defensa, Departamento de Justicia, Departamento de Seguridad Nacional, la CIA y la Oficina Nacional de Inteligencia deben identificar los funcionarios vulnerables a ser afectados.
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