El gobierno de Nicaragua ilegalizó 7 universidades privadas que se suman a otras 5 cerradas la semana pasada y a más de 80 instituciones no gubernamentales que no podrán continuar ejerciendo sus funciones.
El argumento de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para el cierre de los centros de Educación es que "han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro".
El Consejo Nacional de Universidades (CNU), rector de la educación superior en Nicaragua, dijo que garantizará la continuidad de la educación y señaló que este es un ejercicio de transparencia que favorecerá a los estudiantes con cuotas más bajas y respetando sus títulos.
La Lic. Ramona Rodríguez, presidenta del CNU dijo este lunes en el Canal 6 que el Estado nicaragüense está realizando un reordenamiento del sistema de Educación Superior. Además la funcionaria celebró que se aprobarán tres iniciativas de ley sobre este tema en la Asamblea Nacional.
Señaló que las instituciones docentes no están cerradas, pero sí han perdido su personalidad jurídica. El CNU actualmente audita todo lo que ocurre en el interior de los centros para que puedan volver pronto a su funcionamiento y los estudiantes tengan su continuidad de estudio, bajo la supervisión de la institución estatal.
La Alianza Universitaria Nicaragüense ha plantado cara al gobierno y publicó en redes sociales su exigencia al CNU de que actúen bajo estricto respeto a una educación superior con libertad de pensamiento, no politizada, ni partidaria.
Muchos estudiantes consideran que el objetivo del cierre de universidades está relacionado con el temor de Ortega a perder el poder político.
Al cancelar la licencia a las universidades privadas alrededor de 14.000 estudiantes han quedado sin posibilidad de estudios superiores, y cientos de profesores, investigadores y trabajadores están sin empleo. En la segunda semana de febrero correspondía reiniciar el curso escolar, pero la medida se tomó justo antes de la vuelta a clases.
EFE entrevistó a Adrián Meza, rector de la Universidad de Paulo Freire (UPF) quien se exilió en Costa Rica después de que ilegalizaron su centro de estudio.
El académico aseguró que intentó entregar más de una vez sus informes económicos al Ministerio de Gobernación, pero no se los recibieron. En su criterio ya había una orden de cerrar las universidades.
La medida del gobierno se considera anticonstitucional, y es un modo de represión del Estado contra los estudiantes y académicos que defienden posturas críticas ante la gestión de Daniel Ortega.
Una de las casa de estudios superiores víctima de la política represiva del régimen nicaragüense fue la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Este centro de estudio fue impulsor y escenario en 2018 de las protestas encabezadas por estudiantes contra el gobierno de Ortega.
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