Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, recordó este domingo que los nicaragüenses deberían estar votando en elecciones presidenciales, conforme al calendario democrático que marcaba el fin del cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega.
En cambio, la dictadura Ortega-Murillo manipuló las reglas durante los últimos cinco años para impedir que los ciudadanos eligieran a sus gobernantes.
Segura calificó a Ortega y a su esposa Rosario Murillo de «dos déspotas» y reafirmó el compromiso de Washington y sus socios democráticos regionales de avanzar en el proceso ministerial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que sea el pueblo nicaragüense —y no la pareja gobernante— quien decida el futuro del país.
«No hemos olvidado que los nicaragüenses deberían estar votando en elecciones presidenciales hoy, mientras el cuarto mandato consecutivo e ilegítimo de Daniel Ortega se acerca a su fin», escribió el funcionario en su cuenta oficial en X.
La supresión de los comicios de noviembre de 2026 es el resultado de una cadena de reformas institucionales impulsadas por el régimen.
A comienzos de 2025, el gobierno aprobó una reforma constitucional que modificó 185 de los 198 artículos de la Carta Magna, amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, creó la figura de la copresidencia para Murillo y habilitó la reelección indefinida.
El 19 de julio de 2026, durante un acto por el aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega declaró públicamente que Nicaragua «no volvería a celebrar elecciones».
Semanas después, en septiembre, la Asamblea Nacional oficialista aprobó en primera legislatura una nueva reforma que extendió los mandatos de seis a siete años, cancelando de facto los comicios de 2026 y desplazando los próximos a 2028. La ratificación definitiva está prevista para enero de 2027.
La represión política que acompaña al cierre institucional es sistemática. Al 23 de octubre de 2026, la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua documentó 72 presos políticos, 33 de ellos en condición de desaparición forzada, y un total de 1,506 detenciones políticas desde 2018.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU verificó además 161 casos de desaparición forzada y ocho muertes bajo custodia estatal desde abril de ese año.
La respuesta internacional se articuló principalmente a través de la OEA. En agosto de 2026, EE.UU. impulsó un proceso ministerial —el primero de este tipo desde 1978— con el respaldo de 28 Estados miembros.
El 2 de octubre, una Reunión de Consulta de Cancilleres aprobó una resolución que exigió la liberación de presos políticos, la restauración de libertades civiles y condiciones para elecciones libres, y creó un Grupo Ministerial de Seguimiento con mandato de presentar recomendaciones en 60 días.
La administración Trump también ha aplicado presión directa: sancionó a dos hijos de Ortega y Murillo, a funcionarios del régimen y a empresas del sector aurífero, e impuso restricciones de visado a más de 2,350 personas vinculadas al gobierno nicaragüense. El secretario de Estado Marco Rubio calificó al régimen de «enemigo de la humanidad» en junio de 2026.
Nicaragua y Cuba mantienen una alianza política e ideológica de larga data, y ambos regímenes se apoyan mutuamente en foros internacionales y comparten métodos de represión contra la oposición. Ortega expresó públicamente su solidaridad con el gobierno cubano en mayo de 2026.
El Grupo Ministerial de Seguimiento de la OEA tiene previsto presentar sus recomendaciones sobre Nicaragua antes de que concluya el plazo de 60 días fijado en la reunión del 2 de octubre, lo que situaría ese informe a comienzos de diciembre de 2026.
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