Una jueza del Tribunal Municipal Popular de Marianao, encargada de presidir juicios contra manifestantes del 11J, aseguró que los familiares de los detenidos estaban conformes con el resultado del proceso judicial.
Marelis Piñales Colás dijo al periódico oficialista Tribuna de La Habana que se habían respetado todas las garantías constitucionales y que una prueba de eso era que no se habían presentado reclamos o quejas sobre su actuación en la corte.
La joven magistrada participó en una reunión de trabajo sobre el sistema de tribunales de justicia en La Habana, en la que se destacó la labor de estas entidades estatales y sus proyecciones de trabajo para 2022, con la implementación de nuevas leyes, como el Código de las Familias y el Penal, ambos en proceso de aprobación.
La actuación de los tribunales y en general el sistema judicial cubano, ha sido muy criticada por la sociedad civil, sobre todo en relación con los procesos penales realizados a los detenidos tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
De manera particular son cuestinadas las sentencias por cargos de sedición, que han superado incluso los 20 años de privación de libertad. En Holguín, el Tribunal Provincial condenó con severidad a los manifestantes del 11J, incluidos cinco menores de edad, quienes recibieron medidas de hasta un lustro de cárcel, sustituidas en estos casos por “limitación de libertad”, mientras cumplan con las exigencias del régimen socialista.
También en Santa Clara los procesos penales presentaron irregularidades, que limitaron el derecho de los detenidos a una defensa justa. La activista Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García Lorenzo, denunció que la fiscalía presentó 29 testigos y que todos eran oficiales de la policía, agentes de la Seguridad del Estado, diciendo mil mentiras.
"Hay testimonios de los policías quedándose dormidos", precisó García Lorenzo quien además resaltó que los abogados defensores habían realizado un trabajo extraordinario, pero que los familiares se sintieron mal luego de ver la farsa montada por los fiscales del caso.
Mientras, en La Habana, particularmente en el municipio Diez de Octubre, fueron juzgados los 33 manifestantes de Toyo, quienes fueron acusados de sedición contra la Seguridad del Estado, incluidos en este caso seis menores de edad.
La organización de Derechos Humanos Justicia 11J explicó que los enfrentamientos que ocurrieron en ese barrio capitalino entre quienes protestaban pacíficamente y las fuerzas del orden, fueron provocados por estos últimos, según los vídeos consultados en plataformas de redes sociales.
Esta agrupación ha documentado en el país 169 casos de personas acusadas de sedición, de las cuales 50 tienen entre 16 y 20 años de edad. Una acusación que el grupo independiente consideró como "ejemplarizante" y carente de elementos probatorios.
En tanto, datos oficiales divulgados por la propia Fiscalía General de la República, hechos públicos tras la presión de la sociedad civil, contabilizaron 790 cubanos procesados y sentenciados hasta 30 años de privación de libertad por su participación en las protestas.
El ofgicialismo considera que las protestas del 11J constituyeron "graves hechos" que "atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad" del sistema socialista.
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