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Amnistía Internacional pide acceso a Cuba para monitorear juicios contra manifestantes del 11J

La organización criticó el control que ejerce el gobierno cubano sobre el poder judicial y la falta de garantías procesales de los ciudadanos encausados por manifestarse pacíficamente.

Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional © Twitter/ Erika Guevara Rosas
Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional Foto © Twitter/ Erika Guevara Rosas

Este artículo es de hace 2 años

La organización Amnistía Internacional pidió al gobierno cubano acceso para monitorear los juicios contra los manifestantes del 11J tras conocerse denuncias de violaciones en los procesos legales y las elevadas condenas a más de un centenar de procesados.

"Las autoridades cubanas han seguido llevando a cabo una campaña de criminalización con el único objetivo de restablecer la cultura del miedo que se rompió el año pasado cuando la gente salió a la calle para expresarse", declaró Erika Guevara Rosas, directora para América de la institución, al hablar sobre la opacidad y la injusticia de los procesos penales.

Guevara Rosas aseguró que en Cuba los procesos carecen de transparencia y consideró que la negativa de acceso a los periodistas independientes y observadores de derechos humanos contribuye a la irregularidad de los mismos.

Asimismo criticó el fuerte control que ejerce el gobierno sobre el poder judicial, en una clara violación de los principios de la democracia que permite a las autoridades imponer sanciones abusivas y acusar por cargos de sedición a ciudadanos que solo ejercieron su derecho a protestar.

Cuba es el único país de la región que impide la entrada de Amnistía Internacional y otras organizaciones encargadas de velar por el respeto a los derechos humanos.

Amnistía Internacional puso como ejemplos los casos de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Castillo Pérez, considerados como presos de conciencia, quienes se enfrentarán a próximos juicios. La organización recordó la detención de Otero Alcántara el 11 de julio de 2021, luego de que publicara un video en el que indicaba su intención de unirse a las protestas.

En mayo del año anterior el régimen encarceló a Castillo Pérez uno de los autores de la canción “Patria y Vida”, convertida en himno de los opositores y disidentes cubanos, y por la cual obtuvo dos premios Grammy Latinos en las categorías de Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año.

La entidad no gubernamental reiteró su petición a los representantes del régimen cubano para que permitan a sus observadores supervisar los juicios contra estos dos creadores cubanos y los de muchas otras personas que continúan detenidas por su participación en el estallido antigubernamental del 11J.

"Las autoridades cubanas están utilizando tácticas de represión para enviar un mensaje a una nueva generación de pensadores críticos y bien conectados: que la disidencia de cualquier tipo seguirá sin ser tolerada", comentó Guevara Rosas.

La abogada mexicana, especializada en derechos humanos, llamó a la comunidad mundial a condenar en términos más enérgicos la criminalización que el gobierno cubano utiliza como pretexto para juzgar a manifestantes pacíficos. Instó a realizar los procesos penales con la transparencia que demandan y dar acceso a observadores internacionales que puedan velar por la integridad de los cubanos detenidos, incluidos menores de 18 años.

Desde julio de 2021, esta organización ha reclamado el fin de la represión y la apertura a un diálogo entre los gobernantes y la sociedad civil. En una oportunidad lanzó una petición en su plataforma digital para apoyar a los miles de cubanos que salieron a las calles a exigir libertades y derechos fundamentales.

La iniciativa tuvo como propósito recordarle a los manifestantes cubanos que el mundo estaba prestando atención a lo que sucedía en la isla y que condenaban las golpizas, las detenciones arbitrarias y el maltrato psicológico.

En octubre de 2021, Amnistía Internacional llamó a vigilar la situación de Cuba ante la negativa de las autoridades a permitir la Marcha Cívica por el Cambio que la plataforma Archipiélago había convocado para el 15 de noviembre.

Guevara Rosas consideró que la actitud de los representantes del régimen, así como el acoso, el hostigamiento, los encierros y la violencia contra los activistas que se sumaron a la convocatoria, forman parte de una política sistemática de coerción que quiere mantener ahogada y en silencio a la sociedad civil de la isla.

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