Una cubana residente en la localidad de Iguará, en el municipio Yaguajay, Sancti Spíritus, denunció que el gobierno cubano lleva cuatro años sin otorgarle la propiedad de su vivienda, luego de que ella entregara otra, totalmente legalizada, por estar ubicada en una zona de “interés para el Estado”.
Yaneisy Claro Bienes escribió a la sección “Acuse de recibo” del periódico oficialista Juventud Rebelde para exponer su situación: “Durante cuatro largos años he tocado muchas puertas y todo lo que he recibido han sido excusas y engaños; y tomé la decisión de contar mi situación”.
A petición del Estado, Claro Bienes entregó la vivienda legalizada en la que vivía y que todavía estaba construyendo, porque le explicaron que tanto su casa como el terreno y las zonas aledañas eran de interés estatal para construir allí una obra económica y social que beneficiaría a la comunidad y al país, refiere la publicación.
“No opuse resistencia alguna, aun no estando contenta del todo con abandonar mi casa, que estaba construyendo a mi gusto y ya tenía techo de placa, puertas y ventanas de aluminio, rejas, closet que ocupaba toda una pared de mi, cuarto e instalaciones de agua”, comentó.
“Todo estaba hecho a mi gusto y con mi sacrificio de muchos años. Mi vivienda ya tenía su título de propiedad y también estaba inscripta en el Registro de la Propiedad”, aseguró.
Según las explicaciones de Claro Bienes, las personas que la visitaron para hacerle esta propuesta en 2016 representaban a la Planta de Secado y Beneficios de Granos, que aún estaba en proyectos. Una fue la inversionista Nayalien Díaz Acosta y el otro, el director Pablo Enrique Cabrera.
Ambos le explicaron que si accedía a entregar la vivienda, el Grupo de Granos, al cual se subordina el secadero y la Empresa Agroindustrial de Granos Valle Caonao, le fabricarían otra vivienda en óptimas condiciones.
“Francamente, no era de mi interés abandonar mi casa, mi barrio ni mis vecinos. Pero, por otro lado, el proyecto estaba ya conformado y de cualquier manera ellos se las arreglarían para llevarlo a cabo”, precisó la cubana.
No obstante, dos años después fue que estuvo “lista” la nueva vivienda. “No puedo negar que vivo en un lugar mucho más céntrico, que es lo único que he ganado en todo esto. Porque de las condiciones constructivas de la actual vivienda prefiero no hablar”, advirtió.
“Llegó el momento de mudarme y tanto la inversionista como los demás directivos me aseguraron que en un corto período de tiempo mi propiedad me sería entregada sin costo alguno, ya que por la anterior yo había hecho todos los pagos y pasos conforme a las leyes y todo estaba bien”, explicó.
Sin embargo, luego de cuatro años, esta mujer no tiene los documentos de su vivienda en regla. “Aún no hay un solo papel de mi casa en la Dirección Municipal de la Vivienda. Me vi en la obligación de contratar los servicios de un abogado, quien tampoco entiende por qué no se ha hecho esa propiedad siendo mi situación de interés estatal, cuando es el Estado el máximo responsable de garantizar la legalidad de mi casa en el menor tiempo posible”, argumentó.
Claro Bienes sostiene que “todo es una mentira”, la jurídica de la entidad estatal de la vivienda en ese territorio le dijo “que ha pasado mucho tiempo y que no recuerda ciertos detalles importantes, relacionados con la construcción de la vivienda”.
A ello se suma el hecho de que la casa que recibió no contaba con las mejores condiciones estructurales. “Mucho que me quejé por todas las barbaridades que hicieron. Mucho que discutí con ellos, pero jamás nadie hizo nada”, añadió en su comunicación con el medio de prensa.
La residente en Iguará escribió a Juventud Rebelde esperando que “exista alguien que muestre empatía y respeto por la palabra y los valores cívicos, esos que parecen estar en extinción”.
Su denuncia constituye un reclamo a los derechos que según manifiesta “han sido violados y desoídos hasta el día de hoy”.
Las entidades estatales también han hecho oídos sordos a reclamos de otros cubanos que han planteado sus inconformidades sobre viviendas mal construidas y reparadas por el Estado o por la falta de ayuda a quienes viven en condiciones precarias.
Recientemente, residentes en la cuartería Biosca #9 ubicada en la ciudad de Camagüey, denunciaron las chapucerías que dejó una brigada de constructores del gobierno de la provincia que restauró el edificio.
María Mercedes Rodríguez, una anciana de Matanzas, vive desde 2008 taponando los orificios por donde se cuelan las ratas a su vivienda y a la espera de que el gobierno la repare; luego de que la Empresa de Acopio perforara la pared de su sala al hacer obras constructivas en la placita agropecuaria al lado de su casa.
Otros, como Yoslaines Vázquez Calderón, madre de cinco hijos, discapacitada y con cáncer de mamas, espera desde hace más de una década por la ayuda gubernamental para mejorar las condiciones precarias en las que vive en el pueblito San Juan de las Yeras, en Ranchuelo, Villa Clara.
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