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Seguridad del Estado prohíbe salir de su casa a madre de adolescente preso por el 11J Bárbara Farrat

Su esposo, su madre y su nuera sí pueden salir y volver sin inconvenientes, pero ella es interceptada tan pronto sale a la calle por varias personas vestidas de civil.    


Este artículo es de hace 1 año

La activista Bárbara Farrat, madre del preso político menor de edad Jonathan Torres, denunció este viernes la continuidad de un cerco policial en su vivienda que la mantiene bajo arresto de forma arbitraria, pues le impide salir a la calle.

En una transmisión en vivo por su perfil personal de Facebook, Farrat explicó que desde hacía una semana se encontraba en esa situación, luego de haber exigido que a su hijo de 17 años le cambiaran de compañía en la prisión de Jóvenes de Occidente.

Al menor lo trasladaron, como ella solicitara, pero las autoridades montaron un operativo que la mantiene privada de libertad en su domicilio. Su esposo, su madre y su nuera sí pueden salir y volver sin inconvenientes, pero ella es interceptada tan pronto sale a la calle por varias personas vestidas de civil.

"Como saben que yo hago denuncias, este viaje ni se han identificado, simplemente no me dejan bajar de mi casa", precisó. Solo el jueves le permitieron salir, debido a que su hijo tenía visita.

La prisión domiciliaria ha sido un método usado con frecuencia por la Seguridad del Estado, sobre todo contra mujeres activistas y periodistas. Dos de los casos más emblemáticos fueron los de la periodista Iliana Hernández y la curadora de arte Carolina Barrero, quienes pasaron largos meses encerradas en sus viviendas.

En las últimas semanas, también la filóloga y activista Camila Rodríguez, una de las coordinadoras de Justicia 11J, ha estado bajo cerco policial y sin poder moverse, debido a su trabajo de acompañamiento a los familiares de los presos políticos del estallido social de 2021. Bárbara Farrat es una de las madres que Rodríguez ha acompañado.

A Jonathan Torres, detenido desde julio del año pasado, la Fiscalía de La Habana le pide ocho años de privación de libertad, por manifestarse en contra del gobierno en el municipio capitalino Diez de Octubre.

Al adolescente se le acusa de los supuestos delitos de propagación de epidemia, desorden público y atentado. En el caso de este último cargo, por lanzar una piedra que, de acuerdo con su madre, "no golpeó a nadie".

Hasta el momento, Justicia 11J ha documentado más de 1,440 detenciones a raíz de las protestas populares de julio de 2021. De ese total, en privación de libertad se encuentran aún 755 personas.

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