La organización no gubernamental Prisoners Defenders (PD) denunció este lunes ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) las violaciones a los Derechos del Niño que comete el gobierno cubano.
“Anunciamos que este pasado viernes hemos presentado una denuncia por violaciones a los Derechos del Niño en Cuba. Se documentan dos tipologías de situaciones sistémicas violatorias de los más relevantes y elementales derechos de los niños en Cuba”, afirmó la organización en un comunicado oficial.
La acusación, presentada ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, advierte sobre el procesamiento penal de menores de entre 13 y 17 años por motivos de conciencia y la separación forzosa de miles de infantes de sus progenitores por ser estos profesionales que deciden quedarse fuera de la isla durante misiones o contratos de trabajo.
“Presentamos un detallado informe jurídico de 22 casos de prisión política de niños, y enumeración y detalles de otros 14. Para la segunda temática denunciada hemos presentado un completo estudio con todo tipo de documental probatorio. Además, más de 1,111 testimonios sobre la separación forzosa familiar de más de 5,000 niños”, indicó PD en su publicación.
La ONG afirmó que, durante el proceso para investigar esta última tipología, descubrieron que son más de 20,000 los menores de 18 años que se ven afectados por la negativa de las autoridades de dejar entrar a sus padres, lo cual genera para ellos “un río de enfermedades emocionales, mentales y físicas".
Este fenómeno constituye "una auténtica pandemia sobre la infancia generada por la represión del régimen de Cuba para castigar a los padres y amedrentar a más de 50,000 profesionales de trabajo civil en el extranjero de los que el régimen extrae desde el 80% al 95% del salario con los que empresas multinacionales implicadas y gobiernos remuneran sus servicios”, añadió el texto.
Según Prisoners Defender, el 48% de los cubanos afectados por la llamada Ley de los ocho años, tenía hijos menores durante el trabajo en el extranjero. Esa legislación los califica como “desertores” y “traidores a la patria” e impide su entrada a la isla durante ese lapso de tiempo.
“Presentamos los casos de 36 menores registrados en la lista de prisioneros políticos que Prisoners Defenders actualiza mensualmente. De 36 menores procesados en el marco de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, 22 son los casos que analizamos bajo denuncia detallada. 14 casos adicionales se enumeran e identifican someramente por el tiempo para la elaboración de esta denuncia, dado el aviso de siete días para ello”, señala el informe de la organización.
El documento destaca que existen muchas similitudes entre la situación de todos los adolescentes cubanos incluidos en la acusación contra el régimen totalitario.
La institución espera que la revisión de la denuncia contra las autoridades castristas se realice durante la próxima sesión del Comité de los Derechos del Niño, prevista para desarrollarse entre el 3 de mayo y el 3 de junio de 2022.
Como parte de su labor en defensa de los derechos humanos en la isla, Prisoners Defenders presentó recientemente un informe sobre la cantidad de presos políticos en Cuba durante el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022. De acuerdo con el documento, la cifra de detenidos asciende a 1,204, la mayoría de ellos sometidos a torturas físicas y psicológicas por parte del régimen.
El informe especificó que en la actualidad la lista de presos políticos de Cuba contiene 1,027 personas que se enfrentan a condenas judiciales y disposiciones de la fiscalía sin intervención judicial. Al menos 131 son mujeres y 891 fueron apresados como parte de las represalias del gobierno por las manifestaciones del 11 julio de 2021.
En esa oportunidad PD afirmó que hay dos niñas y 14 niños sentenciados por sedición, acusación extendida a otros 169 manifestantes. El texto denunció además que la Seguridad del Estado también acosa y amenaza a los familiares de los detenidos, en especial a los que intentan visibilizar la realidad de Cuba en las redes sociales.
En febrero del año en curso la ONG destacó que la cifra de presos políticos en la isla superaba los mil casos. Alertó que la cantidad real podría ser incluso más elevada pues resulta casi imposible contrastar los datos con la información del régimen, que no reconoce su existencia ni ofrece estadísticas sobre los casos.
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