Preocupa la ocupación ilegal de viviendas en Santa Clara

"Como tendencia de este año irrumpen en propiedades ajenas personas que nunca han acudido a los sistemas de atención a la población del Gobierno y de Vivienda para dar a conocer su situación", declaró el intendente de Santa Clara, Eduardo Andrés Román Duarte.

Periódico Vanguardia
Puerta dañada tras ser ocupada en Santa Clara Foto © Periódico Vanguardia

Al gobierno y la prensa oficialista de Villa Clara les preocupa el incremento de los casos de ocupación de viviendas y locales en esa provincia al centro de la isla.

"Las ocupaciones ilegales en inmuebles estatales y particulares, exacerbadas durante los últimos meses en la ciudad de Santa Clara, exigen una respuesta inmediata de las autoridades competentes, para romper el ciclo de la impunidad y el descontento de tantos propietarios afectados", aseguró en un artículo el periódico Vanguardia.

De acuerdo con el intendente de Santa Clara, Eduardo Andrés Román Duarte, la mayoría de las personas que ocupan viviendas son  ciudadanos con una situación habitacional crítica, provenientes de familias disfuncionales o que no tienen una dirección oficial, porque viven alquilados.

"Sin embargo, como tendencia de este año irrumpen en propiedades ajenas personas que nunca han acudido a los sistemas de atención a la población del Gobierno y de Vivienda para dar a conocer su situación, lo cual dificulta la búsqueda de soluciones", confesó.

El reporte de la prensa estatal contó la historia de Margarita Martínez Abreu, a quien dos mujeres le ocuparon la casa a su hija, que actualmente se encuentra fuera del país.

La policía se desentendió del tema y gracias a la gestión de la familia lograron recuperar la vivienda, pero los gastos que generó ascienden a 300 dólares por la puerta de entrada, 13,500 pesos por una reja, más los gastos de materiales y mano de obra.

"Si esta es mi propiedad y la quiero mantener cerrada, ¿no tengo derecho a que la autoridad saque a las personas que la ocupen ilegalmente? Como el mío, son muchos los casos en la ciudad de Santa Clara, y tengo conocimiento de que algunos han pedido dinero para salir de las casas. ¿Qué pasará entonces con la tranquilidad ciudadana?", se preguntó Martínez Abreu.

Entre 2008 y 2021 en Santa Clara hay registrados 85 casos radicados con resolución de ocupación ilegal y en lo que va de año se radicaron otros ocho, aunque hay unos 30 expedientes que esperan por una respuesta, según las estadísticas oficiales.

Estos números demuestran la ineficiencia de las autoridades para adoptar medidas que protejan a los propietarios de viviendas ocupadas frente a aquellos que irrumpen en el domicilio, de manera ilegal, y se intentan apoderar de un espacio que no les pertenece.

"Ante la acumulación de tardanzas, ineficiencias e impunidad frente a conductas sin justificación alguna, cabe exigir una protección más efectiva que ofrezca igual seguridad a todas las formas de propiedad reconocidas por la Constitución de la República", exigió la prensa estatal.

En Cuba, el Código Penal vigente establece sanciones para evitar la ocupación o usurpación de locales, sin embargo, su solución es por la vía administrativa, porque la Ley General de la Vivienda es el mecanismo legal para darle respuesta al problema, aunque sí se utiliza para aquellos locales que sean de propiedad estatal.

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