La gobernadora de Sancti Spíritus, Teresa Romero, llamó a los cubanos a no quejarse en redes sociales, por temor a "el enemigo", dijo para referirse a quienes critican al régimen en la web.
Al intervenir en una Revista Informativa del telecentro local CentroYayabo, la funcionaria afirmó que para canalizar las quejas "tenemos muchos espacios, el Portal del Ciudadano, tenemos las oficinas de Atención a la Población, los medios radiales y la prensa, tenemos muchas vías y en ellas hay que trabajar".
"A veces pensamos que si usamos las vías digitales se van a escuchar más o se van a transformar más los problemas, creo que esa no es la forma de tramitar porque el enemigo está a la escucha, está a la expectativa", expresó.
Agregó que "todo lo que nosotros hacemos (esos "enemigos") tratan de tergiversarlo, de transformarlo y tratan de confundir a nuestra población".
Sus declaraciones intentan controlar el fenómeno de las redes sociales, adonde acuden los cubanos para hacer sus denuncias ante la escasez de alimentos y medicinas, los apagones y la precaria situación en casi todas las esferas del país.
No es el primer intento del régimen por controlar lo que los cubanos publican en internet: en 2020 puso decenas de multas con base en el Decreto Ley 370, que regulaba los contenidos que los habitantes de la isla subían a sus muros de Facebook y otras plataformas, y un mes después de las masivas protestas el 11 de julio, las autoridades publicaron una serie de regulaciones (Decreto Ley 35) que tipificaban por primera vez lo que consideraban delitos cibernéticos.
Si bien los medios oficiales llamaron a este último "la normativa de más alto rango aprobada en Cuba sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones" y aseguraban que buscaba "una internet ética y buena para la población", los cubanos la consideraron una nueva "ley mordaza" para limitar la libre expresión y coartar su discurso.
Pero en las últimas semanas el gobierno cubano, agobiado por una crisis de credibilidad, ha ido más allá en el control de la información, y presentó un anteproyecto de Ley de Comunicación Social que regulará los contenidos que publican los medios de comunicación en la isla.
El documento solo reconoce la propiedad estatal sobre los medios de comunicación del país, tal como indica la actual Constitución cubana y regula los contenidos en la prensa. Reafirma que los medios nacionales son "propiedad socialista" y destacan que "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".
¿Qué opinas?
VER COMENTARIOS (12)Archivado en:
