Organizaciones opositoras independientes solicitaron al gobierno de Canadá imponer sanciones selectivas a 12 funcionarios y entidades cubanas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en la isla.
La organización cubano-canadiense Espacios Democráticos y los promotores de la iniciativa Cuba Decide, organizada por Rosa María Payá, afirmaron que tales acciones violatorias del derecho ocurrieron, especialmente, tras las protestas pacíficas del 11 de julio (11J) de 2021, y estuvieron ordenadas por el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Según un comunicado de Prensa, ambos grupos piden sanciones para Díaz-Canel, así como para el ministro de las FAR, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas.
Además, para la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior (Boinas Negras del MININT), las Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Boinas Rojas de las FAR).
El listado incluye a Oscar Callejas Valcárcel, Eddy Manuel Sierra Arias, Pedro Orlando Martínez Fernández, Roberto Abelardo Jiménez González, Roberto Legrá Sotolongo, Andrés Laureano González Brito y Romárico Vidal Sotomayor García, todos funcionarios de diferentes ramas del Ministerio del Interior que "gozan de impunidad en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos en el país", detalla la solicitud.
Señala que desde las protestas del 11J hasta la actualidad "los funcionarios estatales cubanos cometieron tantas detenciones arbitrarias (...) que Cuba es ahora el principal carcelero de presos políticos de América".
Explica que Estados Unidos ha utilizado su legislación Magnitsky para imponer una serie de sanciones selectivas a funcionarios y entidades cubanas con responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos tras las protestas y solicita hacer lo mismo por parte del Gobierno de Canadá.
"Canadá debería hacer lo mismo e imponer sanciones específicas. Especialmente teniendo en cuenta la impunidad de la que gozan los funcionarios cubanos en su país, es crucial que Canadá haga su parte para que los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo cubano rindan cuentas", subraya el comunicado.
"Se calcula que entre 2.000 y 8.000 personas fueron detenidas en toda Cuba. Al 31 de octubre de 2022, 1.027 personas, entre ellas 34 menores, siguen detenidas o encarceladas", agrega.
Según el texto, el uso de la detención arbitraria llegó a ser tan grave que el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas inició una acción urgente para 187 casos en Cuba bajo el artículo 30 de la Convención sobre Desapariciones Forzadas.
Además, la organización Human Rights Watch constató el uso sistemático de "detenciones arbitrarias, malos tratos a los detenidos y procesos penales cargados de abusos" por parte de funcionarios cubanos, así como el uso rutinario de "abusos brutales" durante la detención, incluida la violencia sexual y de género.
Por último, la solicitud recuerda que las autoridades canadienses han condenado la comisión de violaciones de los derechos humanos por parte del régimen cubano tras las protestas del 11 de julio pero que es hora de sumar nuevos esfuerzos.
"El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró: "Estamos profundamente preocupados por la violenta represión de las protestas por parte del régimen cubano" y "condenamos las detenciones y la represión de las autoridades contra manifestantes pacíficos. Los cubanos tienen derecho a expresarse y a que se escuche su voz", expresa el comunicado.
Sin embargo, los senadores canadienses Leo Housakos y Pierre Paul-Hus criticaron recientemente la inacción del primer ministro de su país, Justin Trudeau, ante las violaciones de derechos humanos en la isla.
"Hoy marcamos el primer aniversario de las masivas protestas prodemocráticas en Cuba. Mientras el gobierno de Trudeau continúa apostando por darle la mano a los opresores de Cuba y participar en la diplomacia entre bastidores, es hora de alzar nuestras voces para que todos la escuchen", escribió Housakos en Twitter.
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