El programa de parole humanitario implementado por la administración Biden se mantendrá en pleno funcionamiento al menos hasta el 25 de abril, cuando un tribunal federal de Texas discuta los argumentos de una demanda presentada en su contra por 20 estados republicanos.
Según una orden del Tribunal del Distrito Sur de Texas emitida este miércoles, la demanda de los fiscales estatales para suspender la iniciativa de parole humanitario tendrá una audiencia inicial el próximo 25 de abril, a las 2 p.m., ante el juez federal Drew B. Tipton.
Si no se produce una moción de emergencia por parte de los demandantes para reconsiderar la fecha de la audiencia, todo indica que el procesamiento de las solicitudes del programa se mantendrá sin cambios hasta entonces.
Tipton, un juez conservador que fue nombrado por el presidente Donald Trump en febrero de 2020, deberá determinar en la sesión preliminar de abril si detiene temporalmente el programa hasta tanto no se produzca una decisión firme sobre la demanda.
Por lo pronto, el solo anuncio de la demanda federal la tarde de este martes desató una avalancha de preocupaciones de solicitantes y beneficiarios del programa desde Cuba, y de potenciales patrocinadores económicos en Estados Unidos.
La noticia incluso movilizó a decenas de personas a adelantar sus fechas de vuelo desde Cuba y muchos desembarcaron este miércoles de última hora en el aeropuerto internacional de Miami.
Las personas con autorización de parole tienen 90 días para viajar por vía aérea a Estados Unidos.
Sin embargo, cualquier decisión del tribunal de Texas -temporal o definitiva- no debe anular los casos que han sido aprobados o están en proceso para recibir el parole, sino que cerraría las solicitudes a partir del momento del dictamen judicial.
Abierto oficialmente desde el pasado 6 de enero, el programa de parole humanitario lanzado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca frenar el desproporcionado flujo de inmigrantes por la frontera sur, y favorecer una entrada ordenada y segura para hasta 30 mil personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Los beneficiados reciben un parole para permanecer legalmente por dos años el el país y un permiso de trabajo bajo condición de que puedan ser avalados por un patrocinador económico.
La puesta en marcha de la iniciativa también implicó un reforzamiento de los controles fronterizos con la advertencia de que que las personas que intenten ingresar al territorio estadounidense serán expulsados de manera expedita, con una penalidad de cinco años de prohibición para regresar al país y sin derecho a solicitar los beneficios del programa de parole.
En la demanda, los fiscales generales argumentan que sus estados enfrentan "daños sustanciales e irreparables" por los abusos del DHS, que permiten la entrada de cientos de miles de extranjeros a cada uno de sus territorios, ya abrumados por las oleadas de inmigrantes en años recientes.
Este miércoles, el DHS ripostó a los argumentos de la demanda ofreciendo cifras en la llegada de inmigrantes por la frontera desde la puesta en marcha del programa de parole humanitario.
La agencia federal reveló que las detenciones de indocumentados cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que intentaron cruzar ilegalmente la frontera disminuyeron en un 97% en comparación con diciembre, cuando se produjo un récord histórico de 251,487 entradas irregulares desde México.
Según un comunicado, los arribos de inmigrantes de esas cuatro nacionalidades descendieron de un promedio semanal de 3,367 diarios, el 11 de diciembre, a una media de solo 115, el 24 de enero.
"Estas medidas ampliadas de control fronterizo están funcionando", declaró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien encabeza la lista de funcionarios demandados por los estados republicanos.
Mayorkas consideró como un hecho incomprensible que “algunos estados que pueden beneficiarse de la aplicación de medidas altamente eficaces estén tratando de bloquearlas y causar más migración irregular en nuestra frontera sur".
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