La familia de Daísel Morales Hernández, cubano de 34 años arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 30 de octubre mientras conducía para Uber en el condado de Comal, Texas, denunció públicamente el trato recibido durante la detención y exigió que el caso sea investigado.
En una carta abierta dirigida a medios de comunicación y a las propias autoridades migratorias, los familiares afirman que los agentes apuntaron a Morales con pistolas eléctricas y lo esposaron contra el suelo pese a que, según su versión, no ofreció resistencia en ningún momento.
«Durante su detención, los agentes lo apuntaron con pistolas eléctricas y lo esposaron contra el suelo, a pesar de que, según lo que conocemos, no estaba ofreciendo resistencia al arresto», señala la carta.
El caso de Daísel Morales es uno de los muchos que reflejan la realidad migratoria que viven los cubanos en Estados Unidos. Mantente informado sobre arrestos, deportaciones y todo lo relacionado con la Inmigración en EE.UU.
La familia cuestiona la proporcionalidad del operativo y plantea interrogantes directos a ICE: «¿Era necesario intimidarlo de esa manera? ¿Qué justifica apuntar con un arma eléctrica a una persona que no está resistiéndose? ¿Dónde queda el respeto por la dignidad humana?»
El texto también deja en claro que no buscan eludir la ley, sino garantías básicas: «No pedimos privilegios ni queremos estar por encima de la ley. Exigimos respeto, humanidad y que se garanticen los derechos de nuestro ser querido».
Un video de casi tres minutos del arresto se viralizó en redes sociales tras ser difundido por el periodista Daniel Benítez, generando miles de reacciones divididas en la comunidad cubana. En las imágenes se ve a una mujer que confronta a los agentes preguntando repetidamente «¿Por qué arrestan a este hombre? ¿Qué ha hecho?» y cuestionando si le habían leído sus derechos. Los agentes la amenazaron con spray al pedirle que retrocediera.
Al momento de su detención, Morales había ingresado a Estados Unidos con parole humanitario y tenía pendiente una solicitud de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. Permaneció recluido en la cárcel del condado de Comal bajo custodia migratoria de ICE, y la agencia no emitió ningún comunicado público explicando los motivos concretos del arresto.
El caso se inscribe en un patrón que afecta específicamente a conductores cubanos de plataformas de transporte en Texas. En octubre de 2026 se documentaron al menos otros dos arrestos similares, entre ellos el de Frank Yanuyr Arzuaga-Castellón, detenido mientras trasladaba a un pasajero desde un aeropuerto hasta una base militar en Austin y trasladado al Montgomery ICE Processing Center en Conroe, donde su defensa estudia presentar un recurso de habeas corpus.
Un problema jurídico recurrente en estos casos es que ICE clasifica a algunos cubanos con parole humanitario como «arriving aliens», categoría que puede impedir que un juez de inmigración tenga jurisdicción para concederles fianza, dejándolos sin posibilidad de salir en libertad mientras tramitan su situación. Además, el formulario I-220A que muchos cubanos recibieron al entrar al país no equivale por sí solo a un parole migratorio formal ni garantiza elegibilidad bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Las detenciones de cubanos por ICE se han disparado un 463% desde octubre de 2024, pasando de menos de 200 al mes a más de 1,000 mensuales a finales de 2025. En agosto de 2026, la agencia registró más de 50,000 detenciones totales, y solo el 31% de los más de 500,000 arrestados hasta esa fecha tenía condenas penales previas.
«Señores agentes de ICE: tener una placa y un uniforme no les da derecho a olvidar que están tratando con seres humanos», concluye la carta de la familia, que pide a los medios dar seguimiento al caso para que «Daísel no quede en el olvido».
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