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Madre cubana pide esclarecer proceso judicial contra su hijo, acusado de violación en España

La madre del menor argumenta que el proceso ha sido irregular, y que no hay pruebas de ADN ni nada que confirme que, efectivamente, su hijo cometió el delito sexual


Este artículo es de hace 1 año

Una madre cubana residente en País Vasco, España, pide que se esclarezca el proceso judicial contra su hijo, un adolescente que fue acusado en septiembre del pasado año de violar presuntamente a una adolescente de 14 años en la ciudad de San Sebastián.

La madre del menor, identificada como Lisvet Calzada, argumenta que el proceso contra su hijo ha sido irregular y que no hay pruebas contundentes de ADN ni nada que confirme que efectivamente su hijo cometió el delito sexual, que él ha negado todo este tiempo.

“Yo ante todo soy mujer y lógicamente busco la verdad. Estoy a favor de que la justicia se cumpla. Si mi hijo violó, a pesar de que es mi hijo, que lo pague. Con 20 años, con 100, con 20 mil euros, no hay problemas con eso. Si lo hizo y es culpable, que lo pague”, argumentó Calzada en un video publicado en Facebook a través del cual pidió apoyo para que el caso se conozca.

Lisvet Calzada explicó que ella arribó a España hace dos años con el propósito de sacar adelante a su familia y que en un año y siete meses consiguió reunificar a su hijo Bryan Alejandro, de 15 años, quien arribó a España el 30 de junio de 2022.

Sin embargo, en septiembre del pasado año el menor fue acusado por una menor de 14 años de un presunto delito de violación. De inmediato el joven fue detenido en el centro de menores de Ibaiondo, en Zumarraga, instalación a la que son trasladados los menores que cometen los delitos más graves.

“Sufrí muchísimo, sigo sufriendo, pero lo entendí. Entendí que, si para llegar a la verdad teníamos que pasar por ese momento, pues bien. Todo este tiempo esperando las pruebas de ADN, el informe científico y demás, que era lo que se esperaba para finalizar el proceso, si era culpable o no”, explicó Lisvet.

“Ahora lo que sucede es que, inexplicablemente, cerraron el expediente de mi hijo y no hay pruebas, no hay pruebas contra él. Lo más curioso de la situación es que la fiscalía le pide tres años de cárcel y un año de alejamiento, o sea, cuatro años -tres de internamiento y uno de libertad vigilada- además de que el abogado de la chica pide una indemnización de 10 mil euros”, añadió la madre del menor.

“Quiero que las autoridades y la fiscalía lleguen a la verdad, que agoten todas las posibilidades. Estamos en un país donde pueden saber lo que quieran saber. Se cerró el expediente sin pruebas. Quiero justicia con pruebas. Siempre son denegadas las pruebas. No me queda más remedio que hacer pública su cara y hacer pública esta historia. Es lo que hay”, argumentó la afligida madre.

Lisvet Calzada explicó que el próximo 23 de febrero se manifestará públicamente. Marchará desde el Ayuntamiento de San Sebastián hasta el Juzgado de la ciudad, y pide que se unan a su reclamo de justicia las personas que la conozcan o que se quieran unir a la causa.

“Yo no estoy pidiendo a nadie que digan que mi hijo no lo hizo, yo lo que quiero es llegar a la verdad, que hagan justicia, que se busque pruebas. Si lo hizo, que lo pague, porque yo estoy en contra totalmente de las violaciones, lógicamente, pero si no tienen pruebas, no hay delito", insistió.

Con el nombre "No hay justicia sin pruebas", Lisvet Calzada abrió una petición en la plataforma Change.org para llamar la atención sobre el caso.

"La presunción de inocencia es una pieza básica del Estado de derecho, hasta el punto que sin ella se vienen abajo los derechos fundamentales a la libertad, a la seguridad y a la tutela judicial efectiva, sin los cuales ya no se puede hablar del citado Estado", escribió uno de los firmantes de la petición, que cuenta al cierre de esta nota con más de 300 firmas.

La prensa vasca reseñó en septiembre de 2022 que una joven de 14 años denunció una presunta violación que habría tenido lugar en el barrio Riberas de Loiola, durante la celebración de las fiestas de esa localidad donostiarra.

Varias fuentes reseñaron entonces que la denuncia no fue inmediata, sino que tardó al menos dos días en ser interpuesta ante la Ertzaintza, la policía vasca.

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