Grupos del exilio cubano en Estados Unidos convocaron a la “Marcha por la Libertad y la Justicia en Cuba”, a celebrarse este 23 de febrero en las inmediaciones de la sede de la Embajada de Cuba en Washington, D.C.
La manifestación fue convocada por el Centro para una Cuba Libre, el Instituto Patmos, Cuba Decide y Cubanos en Washington, D.C., y partirá del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, hasta la Embajada de Cuba en la capital estadounidense, para pedir la libertad de los presos políticos en el país, según trascendió en una nota de Radio Martí.
La fecha escogida coincide con el aniversario 13 de la muerte del opositor y preso político cubano Orlando Zapata Tamayo en 2010, luego de una dilatada huelga de hambre en prisión.
Dos días después, los grupos de exiliados de Miami celebrarán una velada en homenaje a Zapata Tamayo en la Casa Del Preso, Presidio Político Histórico, sito en 1140 SW 13th Ave.
Orlando Zapata Tamayo, descrito p or Wikipedia como un albañil y plomero cubano que se vinculó a la oposición dentro de la isla y alcanzó relevancia tras protagonizar, desde la cárcel, una huelga de hambre que duró 85 días, falleció un 23 de febrero a los 43 años.
Con la protesta pacífica que lo condujo a la muerte, exigía derechos mínimos dentro del recinto penal en el que cumplía sentencia.
Luego de su deceso, el régimen cubano intentó desacreditarlo, mostrándolo como un delincuente común, pero la oposición tanto dentro como fuera de la isla nunca aceptó aquellas calumnias y Amnistía Internacional consideró a Zapata Tamayo como prisionero de conciencia.
Su muerte constituyó en ese entonces el segundo episodio con mayor connotación de huelguistas de hambre por motivos políticos dentro del país. El primero había tenido lugar en 1972 con la muerte del activista Pedro Luis Boitel.
Según la ONG Prisoners Defenders, actualmente hay más de mil presos políticos en Cuba. De ellos, al menos 869 casos pertenecen a la represión derivada del 11J en Cuba.
Hay un total de 33 menores prisioneros, 20 están condenados con una pena media de siete años de privación de libertad; y se ha procesado a unas 130 mujeres.
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