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Gobernador DeSantis planea endurecer medidas contra migración ilegal en Florida

Dijo que si otros estados imitan sus propuestas van a hacer una gran diferencia.

Ron DeSantis, gobernador de Florida © Captura Twitter/Ron DeSantis
Ron DeSantis, gobernador de Florida Foto © Captura Twitter/Ron DeSantis

Este artículo es de hace 1 año

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que planea endurecer las medidas contra la migración ilegal en Florida en su arremetida contra la política de la Administración Biden para resolver la crisis de la frontera sur de Estados Unidos.

DeSantis informó este jueves en Jacksonville que planea una serie de serie de prioridades legislativas más enérgicas, dirigidas contra los inmigrantes indocumentados en Florida.

El gobernador adelantó que la legislatura de Florida escuchará un proyecto de Ley que elevará las penas para los acusados ​​de contrabando de personas en ese estado, por lo que se propone aumentar la pena a un delito grave de tercer grado con un delito separado para cada persona.

Con esta propuesta se elevaría la sanción a cinco años de prisión si es condenado y puede ser un castigo mayor si la persona contrabandeada con menores de 18 años.

DeSantis también dijo que quiere “eliminar el aliciente del empleo” para los inmigrantes que quieran venir a Florida, ya que le exigirá a los empleadores que utilicen “E-Verify”, un sistema que permite a los empleadores confirmar la elegibilidad de sus empleados para trabajar en Estados Unidos.

En la actualidad, la legislación de Florida obliga a todos los empleadores públicos y a sus contratistas privados a utilizar E-Verify, un sistema gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aunque los empleadores privados no están obligados a utilizar el sistema.

DeSantis desde su primer mandato ha tratado de presionar a la legislatura para que se haga universal el mandato de E-Verify, pero recibió un fuerte rechazo de las empresas de hostelería y de la agricultura.

También dijo que incluye medidas para que los hospitales entreguen datos de cuánto cuesta prestar atención médica a los inmigrantes indocumentados.

“Frente a una administración federal fallida, la negligencia en la frontera, honestamente intencional de lo que está pasando en la frontera, ya que se ajusta a una visión, estamos luchando en nombre de los floridanos, y creo que si otros estados imitan las propuestas que me han presentado hoy, y la legislación propuesta, va a hacer una gran, gran diferencia”, sostuvo el gobernador.

DeSantis es uno de los más fervientes críticos del programa de parole humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos implementado por la Administración Biden, tras considerar que está en conflicto con la ley.

“El parole no es una licencia para nulificar la ley”, dijo DeSantis, según un reciente reporte de Telemundo 51, tras los que grupos de la sociedad civil estadounidense como la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex).

"La decisión del gobernador Ron DeSantis es completamente incongruente a sus discursos en contra del comunismo y totalitarismo. Bloquear el parole humanitario afecta a las víctimas de los regímenes comunistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela", señala el comunicado divulgado.

El comunicado calificó de ilógico que un gobernador republicano, en un estado con una de las comunidades más grandes de exiliados cubanos, nicaragüenses y venezolanos bloquee una ayuda que favorece una migración organizada hacia los Estados Unidos.

Los fiscales generales de 20 estados de EE.UU. presentaron una demanda contra la iniciativa de Biden, que pretende conceder 30,000 visados a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, siempre y cuando cumplan con los requisitos impuestos.

Hasta abril no se podrá saber el destino de la nueva política migratoria, fecha en la que un tribunal de Texas analizará el caso, que los demandantes aseguran no cumple con ninguna legislación aprobada por el Congreso.

Datos no oficiales revelados por la prensa estadounidense aseguran que en los primeros días de la entrada en vigor del plan, unos 1,400 cubanos habían sido beneficiados con el parole humanitario.

Entre las voces que se han opuesto al mismo se encuentran los políticos Marco Rubio y María Elvira Salazar.

Rubio aseguró que ningún país del mundo puede asumir el costo millonario que representa la llagada de migrantes a Estados Unidos; mientras que Salazar la calificó como una "curita" a la "herida sangrante" que simboliza la fronteras sur de ese país.

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