Yinelys Ceballos Pizat, residente en Sancti Spíritus, denunció a su exesposo por violencia contra ella y sus hijos, así como a las autoridades de la provincia por corrupción.
La denuncia, entregada la pasada semana en la delegación provincial del Ministerio del Interior (MININT), fue dirigida a la primera secretaria del partido de la provincia, quien no llegó a recibirla.
"Nos ha hecho de todo y él dice que aquí hace lo que le da la gana porque la Policía y la Fiscalía de mi provincia y todas las instituciones están compradas por su dinero, escribió en Facebook.
Ceballos Pizat relató que ella y sus dos hijos, de 9 y 11 años, han sido víctimas de violencia física y psicológica durante años por parte de su exesposo, un italiano residente en Cuba identificado como Antonio D'Agostino.
El hombre ha escupido la comida de los niños, les ha pegado con un haragán y los ha amenazado con un arma de fuego, según la denuncia de Ceballos Pizat.
Además, ha sustraído dinero de la cuenta de los menores y ha vendido la casa en la que vivían con todos sus enseres, con el objetivo de quedarse con la vivienda de la denunciante. También falsificó los documentos de propiedad del domicilio.
"Se coge la pensión alimenticia de los menores que le paga el gobierno de Italia, que son 100 euros a cada uno, y los 50 míos por ser madre joven", aseguró.
La mujer también aseguró que su exesposo la obligaba a ingerir sustancias que le provocaron convulsiones y desmayos, y la agredió con un cuchillo, lo que le dejó heridas en el cuello y en otras partes del cuerpo. Sin embargo, cuando formuló denuncias en la Policía, los oficiales se burlaron de ella y no le prestaron atención a sus denuncias.
Ceballos Pizat responsabilizó a las autoridades de la provincia de Sancti Spíritus de cualquier cosa que le pueda pasar a ella, a sus hijos o a su pareja.
La denuncia se presenta después de que la víctima no recibiera atención por parte de las autoridades correspondientes para proteger a ella y a sus hijos de la violencia que están sufriendo.
En Cuba no existe una ley que proteja a las mujeres de la violencia de género, a pesar de que es un reclamo de la sociedad civil independiente.
No obstante, el Código Penal vigente prevé una sanción de privación de libertad de tres a ocho años a quien provoque lesiones graves que pongan en peligro inminente la vida de la víctima, o dejen deformidad, incapacidad o cualquier otra secuela anatómica, funcional o psíquica.
Esta medida puede aumentarse en un tercio si se cometen como consecuencia de la violencia de género o la violencia familiar ejercida contra un ascendiente, descendiente o pariente hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad, o contra la persona con la que mantiene o ha mantenido una relación conyugal o de pareja de hecho afectiva.
Dianelys T. Hernández, quien fue golpeada por su exesposo en La Habana frente a sus hijos en enero último, fue reconocida por la Fiscalía cubana como una mujer víctima de violencia de género.
Antes de eso, el agresor solo fue multado y Medicina Legal no hizo una revisión eficaz a la víctima, para obtener las pruebas necesarias.
"Hicieron las investigaciones correspondientes y van a tomar diligencias", explicó Hernández posteriormente Hernández en Facebook.
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