Claudia Patricia Díaz Guillén, exenfermera del fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez, fue condenada a 15 años de prisión este miércoles por aceptar sobornos de un multimillonario magnate de los medios de comunicación, para aprobar lucrativas transacciones de divisas cuando ella ocupaba el cargo de tesorera nacional.
Díaz y su marido, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron declarados culpables por un juez federal de Miami, de cinco de los seis cargos que se les imputaban, como parte de una acusación que los denunciaba por recibir millones de dólares en sobornos, según un reporte de The Washington Post.
Según la acusación, el matrimonio recibió pagos de empresas controladas por su coacusado, el prófugo magnate venezolano de los medios de comunicación Raúl Gorrín, depositados en cuentas en Miami supuestamente utilizadas para pagar el lujoso estilo de vida de la pareja, por lo demás inexplicable.
Velásquez, esposo de la extesorera, también fue condenado a 15 años.
Díaz ha sido la primera ex alta funcionaria venezolana que se ha enfrentado a cargos de este tipo. La larga condena impuesta tanto a ella como a su marido -la más dura jamás dictada contra los denominados cleptócratas venezolanos- refleja su decisión de rechazar un acuerdo ofrecido por el gobierno, como es habitual en los casos penales, señaló el diario.
"Estoy de acuerdo con el gobierno en que los acusados cambiaron drásticamente su vida de una existencia de clase media a una de múltiples jets y yates", dijo el juez William Dimitrouleas, mientras Díaz y Velásquez escuchaban el veredicto. "Ganaron mucho dinero".
La pareja debe, además, renunciar a 136 millones de dólares en efectivo y activos, lo que representa su toma de la conspiración de lavado de dinero.
El juez Dimitrouleas rechazó la petición de los fiscales de que fuera encerrada durante más de 23 años, quizá persuadido por una apelación de última hora de los dos hijos menores de la pareja, quienes expusieron que sus padres fueron secuestrados y extraditados de España, donde la familia había estado viviendo, y que no querían crecer sin uno de ellos.
La acusación del gobierno se basó en gran medida en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz como tesorero, Alejandro Andrade, que subió al estrado para declarar que el plan de sobornos que estableció con Gorrín continuó bajo el mandato de Díaz.
Al igual que Díaz, Andrade, exfuncionario de seguridad presidencial, aprovechó una conexión personal con Chávez para ascender en el ejército y el Estado venezolanos, amasando una enorme fortuna casi de la noche a la mañana.
En 2021, salió de prisión tras cumplir menos de la mitad de una condena de 10 años por su participación en un plan masivo para desviar millones de las arcas del Estado.
Como parte de su acuerdo con la fiscalía, renunció a más de 260 millones de dólares en efectivo y posesiones, incluida una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo, caballos de salto y varios relojes Rolex y Hublot.
Díaz, cuidadora de Chávez hasta su fallecimiento, fue extraditada el pasado año desde España a Estados Unidos, para responder ante una corte de Florida por presunto lavado de dinero, entre otros cargos.
La exfuncionaria chavista se encontraba detenida desde 2018 en España, adonde viajó junto a su esposo, también asociado a la trama de corrupción que blanqueó millones de dólares del gobierno de Chávez durante años.
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