El Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba, Mario Alberto Urquía Carreño, habría sido expulsado de su cargo tras el escándalo generado por el robo de 19,000 dólares de su oficina el pasado 5 de enero, informó el medio independiente Cubanet.
La expulsión fue decretada por el Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, precisa la información del medio independiente que tuvo acceso al documento que la certifica.
“Decretamos la Expulsión del Rito, del Gran Inspector General de la Orden Mario Alberto Urquía Carreño, 33, dada las graves conductas analizadas, que son clara muestra de traición al faltar al juramento y lealtad prestado a los principios fundamentales de este Supremo Consejo”, se lee en el decreto firmado por el Soberano Gran Comendador José Ramón Viñas Alonso, tras votación unánime de la Alta Cámara.
La estructura de la masonería en Cuba se divide entre la Gran Logia y el Supremo Consejo. Mientras que el primero se ocupa de los grados simbólicos, al consejo le atañen los grados filosóficos, explica Cubanet.
Asimismo, las dos potencias de la estructura están vinculadas por un Tratado de Amistad y Mutuo Reconocimiento que obliga a que cualquier sanción emitida por una de las instancias sea acatada por la otra.
Por tanto, Urquía Carreño tiene el deber de aceptar la expulsión y las elecciones de la Gran Logia se convocarían para marzo próximo.
El documento del Consejo denuncia además que “no han sido pocos los ataques que desde su posición de Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba comenzó a realizar contra el Supremo Consejo del Grado 33º para la República de Cuba, desvirtuando maliciosa y reiteradamente no solo la atención del tema principal sino también la narrativa de los hechos de manera pública”.
Además, sostiene que Urquía Carreño mintió de mala forma “en más de una ocasión a la persona del Muy Poderoso Soberano Gran Comendador del Grado 33º para la República de Cuba en cuanto a la forma y manera en que sucedieran los hechos, el posterior descubrimiento, y sus reales intenciones”.
La respuesta de Urquía Carreño, según el reporte de Cubanet, ha sido disponer que el Soberano Gran Comendador y Presidente del Patronato, José Ramón Viñas Alonso, sea juzgado por la Corte Suprema de Justicia Masónica de la Gran Logia de Cuba.
El documento alerta que la respuesta del Gran Maestro ha faltado a un juramento centenario y provocado un cisma masónico sin precedentes en Cuba.
El reporte de Cubanet deja entrever, por su parte, que el Gran Maestro podría estar operando en tanto factótum de la Seguridad del Estado, que busca la expulsión del Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas, tras su apoyo al estallido social del 11 de julio de 2021.
En todo caso, durante la sesión de la Alta Cámara de la Gran Logia en marzo, el Gran Maestro deberá rendir cuentas y las logias del país pueden anular sus decretos o decretar su expulsión.
Varias logias del país ya han pedido la destitución del Gran Maestro, concluye el reporte.
A mediados de enero, Urquía Carreño había emitido un comunicado en relación con robo del dinero bajo su custodia, perteneciente al Asilo Nacional Masónico Llansó.
En el extenso documento, en el que detalló la cronología de los acontecimientos, descartaba la renuncia a su puesto y manifestaba su descontento con el proceder que se siguió en la reunión extraordinaria del Patronato en la que se abordó el tema.
En la reunión extraordinaria el 10 de enero con el Patronato, aseguró que en un inicio la mayor parte de los hermanos comprendieron que el robo del dinero era un hecho despreciable y ajeno a su voluntad, y se comprometió a reponer el dinero.
Mario Alberto Urquía, no obstante, se mostró reacio a realizar la denuncia ante la Policía por creer que una cifra tan significativa “no debía estar fuera del banco”, y además porque el conocimiento público de lo sucedido significaría un “descrédito para la institución".
A pesar de ello, el acuerdo colectivo fue realizar un comunicado público dando cuenta de lo ocurrido y hacer la correspondiente denuncia en la PNR.
Urquía Carreño se quejó de que mientras él estaba haciendo la denuncia en la unidad de Zanja junto al Gran Tesorero, VH. Ángel Santisteban Prats y Antonio Fernández Pérez, recibió la noticia de que ya se había redactado el comunicado en su ausencia, en lo que calificó de "franca violación de lo acordado”.
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