La magistrada Zamira Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, ha sido designada para presidir el proceso judicial contra cuatro líderes de la masonería cubana acusados de «tráfico ilegal de divisas» por cambiar un total de 300 dólares destinados a obras de caridad, según denunció la periodista independiente Camila Acosta en Facebook.
La misma jueza acaba de condenar, a comienzos de octubre, a la creadora de contenidos Anna Sofía Benítez Silvente —conocida como Anna Bensi— y a su madre a dos años de limitación de libertad por grabar y difundir en redes sociales la visita de un agente del MININT a su domicilio.
El historial de Marrero Morgado no se limita a ese caso. Cubalex y Justicia 11J la identificaron como integrante de los tribunales que, en diciembre de 2021, juzgaron a 17 manifestantes de La Güinera por las protestas del 11J, en una causa en la que se impusieron condenas de hasta 30 años de prisión.
Los cuatro masones que enfrentarán el juicio son José Ramón Viñas Alonso, exsoberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33; Fernando Marcos García, contador del Asilo Nacional Masónico Llansó; Ángel Santiesteban Prats, actual soberano gran comendador; y Osvaldo Ernesto Villegas Digat.
La Fiscalía solicita cuatro años de limitación de libertad y 25,000 pesos cubanos de multa para Viñas Alonso; tres años y 20,000 pesos para Marcos García; y dos años con igual multa para Santiesteban Prats y Villegas Digat.
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, a las que tuvo acceso CubaNet, Viñas Alonso autorizó dos operaciones de cambio con dólares donados al Asilo Nacional Masónico Llansó. El 14 de septiembre de 2023, Santiesteban Prats entregó 49,600 pesos cubanos de su propiedad a cambio de 200 dólares de la institución. El 13 de junio de 2025, Villegas Digat intercambió 37,500 pesos por otros 100 dólares del asilo. Según la acusación, ambas operaciones se realizaron a la tasa del mercado informal.
La defensa, encabezada por el abogado Roberto Ortega Ortiz, solicita la absolución de los cuatro acusados y sostiene que las operaciones se realizaron dentro de la institución, sin constituir delito. Según el letrado, el primer cambio permitió comprar leche en polvo para los ancianos del asilo. En el segundo, Villegas Digat utilizó dinero personal para adquirir 100 dólares destinados a comprar un medicamento para su hijo, mientras la institución recibió pesos cubanos para atender emergencias.
Acosta, corresponsal en La Habana del diario español ABC y autora del libro «Del templo al temple. Silencios y escándalos de la masonería cubana», es además pareja sentimental de Santiesteban Prats, lo que la convierte en una fuente con conocimiento directo y vínculo personal con el caso.
El proceso se enmarca en una ofensiva sistemática del régimen contra la masonería independiente que se intensificó desde 2024: suspensión de cuentas bancarias de la Gran Logia y el Supremo Consejo, intentos de imponer dirigentes afines y una resolución ministerial que desconoció a Viñas Alonso como máxima autoridad. En agosto de 2026, más de cien masones se concentraron en la Catedral Escocesa de La Habana para rechazar la intervención estatal.
Santiesteban Prats fue elegido soberano gran comendador el 26 de septiembre de 2026, apenas semanas antes de que la Fiscalía formalizara sus peticiones de pena.
«La designación de esta jueza levanta las alertas sobre la falta de transparencia y de imparcialidad de los tribunales en Cuba», escribió Acosta, resumiendo la preocupación que comparten las organizaciones de derechos humanos ante un proceso en el que la magistrada encargada acumula un expediente documentado en causas de naturaleza política.
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