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La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), dependiente del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, ha generado una intensa polémica tras utilizar términos despectivos para referirse a personas con discapacidad en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Nación argentina.
La normativa, que establece criterios médicos para medir la invalidez laboral en aquellos que reciben pensiones no contributivas, ha sido duramente criticada por diversas organizaciones de derechos humanos y asociaciones que representan a personas con discapacidad.
La resolución, publicada en enero de 2025, clasifica a las personas con discapacidad intelectual bajo los términos “idiota”, “imbécil” y “débil mental”.
Estas categorías se dividen según los niveles de discapacidad, que incluyen “profundo”, “moderado” y “leve”. Además, establece que las personas que presentan “debilidad mental profunda o mayor” son elegibles para recibir pensión.
Este lenguaje ha sido rechazado como políticamente incorrecto y discriminatorio, que reproduce y perpetúa estereotipos hacia las personas con discapacidad.
Siete organizaciones argentinas, incluidas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron el pasado 3 de febrero un reclamo administrativo en el que piden la derogación de la norma, argumentando que infringe los derechos humanos de las personas con discapacidad y va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Agostina Quiroz, abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ, explicó a EFE que los términos utilizados en la resolución son “reproducidos y refuerzan prejuicios históricos que intensifican la discriminación hacia las personas con discapacidad”.
Además, consideró que resulta particularmente grave que el Estado recurra a este tipo de lenguaje, dado que es la administración pública quien debería ser responsable de erradicar estos prejuicios.
Las organizaciones señalaron que el Estado utiliza un enfoque médico para definir la invalidez, un modelo que, según las críticas, ha quedado obsoleto.
En lugar de enfocarse únicamente en la “deficiencia” de la persona, el modelo social de la discapacidad, que es el adoptado por la Convención, sostiene que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las características individuales y las barreras del entorno.
Según este enfoque, la inclusión y participación plena de las personas con discapacidad dependen de la transformación de la sociedad y el Estado, no de su “normalización” a través de tratamientos médicos.
El comunicado de la ACIJ enfatiza que no existen “personas inválidas” para trabajar, sino que todas pueden desempeñarse si se les brindan los apoyos necesarios.
La abogada Quiroz agregó que el impacto del lenguaje despectivo utilizado por el gobierno tiene efectos concretos tanto en lo colectivo como en lo individual, ya que contribuye a la construcción de una identidad dañada en las personas con discapacidad y refuerza las barreras sociales que limitan su participación plena.
“El hecho de que la Administración pública continúe utilizando estos términos para referirse a determinadas personas genera graves daños a ellas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto, al reforzar estereotipos y barreras actitudinales que atentan contra la construcción de comunidades más justas e inclusivas”, concluyó Quiroz.
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