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Los policías de Florida ahora tienen la facultad de denunciar a sus superiores si consideran que estos no están cumpliendo con las leyes estatales de inmigración dictadas bajo la administración de Donald Trump.
Larry Keefe, exfiscal federal y director de la Junta Estatal de Control de Inmigración, entidad creada en febrero, envió un memorando a las fuerzas del orden en Florida para informar que pueden reportar «cualquier falla» en la aplicación de las políticas de inmigración a través del portal web de la compañía, citó la agencia de noticias EFE.
El programa, denominado Panel de Control de Rendición de Cuentas de las Fuerzas del Orden (LEAD), busca garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria estatal que ha endurecido las leyes antiinmigrantes y autorizado redadas.
Keefe enfatizó que cualquier funcionario que no haga su mejor esfuerzo «para apoyar» la aplicación de la ley federal de inmigración está violando la normativa de Florida.
Asimismo, aseguró que el sistema de denuncias proporcionará «un canal directo» para que oficiales y empleados informen sobre posibles incumplimientos de sus agencias respecto a las políticas de control migratorio del estado.
La medida ha generado debate en la comunidad policial y organizaciones de derechos civiles, quienes advierten sobre posibles abusos o represalias dentro de los departamentos de policía.
Mientras tanto, el gobierno estatal defiende la iniciativa como un paso necesario para reforzar la seguridad y el cumplimiento de las leyes de inmigración en el estado, conocido por su alta población inmigrante e indocumentada.
Muchos residentes del estado del Sol lamentan el uso de la policía para apoyar a las autoridades migratorias, y los empresarios locales han alegado que las pérdidas en sus negocios son cuantiosas por las ausencias de los empleados, ya que la ofensiva de deportaciones masivas prometida por el presidente Donald Trump ha generado un clima de pánico.
La amenaza de arrestos y redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha llevado a muchas personas a evitar salir de sus casas, ir a sus trabajos o incluso acudir a citas médicas, por miedo a ser arrestadas y deportadas.
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