Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Miami a Juana Orquídea Acanda Rodríguez, una exjueza cubana de 62 años que había ocultado su militancia activa en el Partido Comunista de Cuba (PCC) y su historial como funcionaria del sistema judicial del régimen.
La detención ocurrió el pasado 20 de marzo, cuando Acanda Rodríguez arribó al país con una visa de inmigrante, obtenida tras ser reclamada por su hijo, ciudadano estadounidense, informó el periodista Mario J Pentón.
Según un comunicado de CBP, la exjueza mintió durante el proceso de visado, omitiendo información clave sobre su pasado profesional y sus vínculos ideológicos.
La agencia –que ha reforzado el escrutinio migratorio a funcionarios del régimen cubano– confirmó que la mujer admitió haber proporcionado declaraciones falsas para beneficiarse del proceso migratorio estadounidense.
“Tenía vínculos directos con el gobierno cubano y se identificaba como militante del PCC”, precisó un funcionario con conocimiento del caso, quien habló bajo condición de anonimato por tratarse de una investigación en curso.
La exfuncionaria enfrenta ahora cargos por fraude, tergiversación y presentación de documentación falsa, de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos, así como inadmisibilidad bajo la sección 212(a) de la ley de inmigración.
Las autoridades confirmaron que se encuentra en proceso de expulsión del país y posible enjuiciamiento federal.
El caso de Acanda Rodríguez -quien por más de 30 años formó parte del sistema judicial cubano- se suma a una creciente lista de exfuncionarios y represores del régimen que han ingresado a Estados Unidos aprovechando programas de visado, reunificación o vías humanitarias.
Entre los más notorios se encuentran Eduardo Enríquez Blanco, exagente del Ministerio del Interior (MININT) vinculado a la empresa estatal de inteligencia tecnológica DATYS, ahora residenciado en Miami.
También Rosabel Roca Sampedro, exfiscal en Camagüey, actualmente en Houston, Texas; Liván Fuentes Álvarez, expresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, a quien se le denegó la entrada; y Manuel Menéndez Castellanos, exprimer secretario del PCC en Cienfuegos y colaborador de Fidel Castro, quien llegó a Miami en agosto de 2024, recordó Pentón.
Estos casos han generado fuerte rechazo entre la comunidad cubanoamericana y llamados de congresistas del sur de Florida a reforzar los mecanismos de control migratorio para impedir que represores del régimen encuentren refugio en Estados Unidos.
El Departamento de Estado reiteró recientemente que la emisión de una visa no garantiza la entrada definitiva al país, y que el proceso de evaluación continúa incluso después del arribo del beneficiario.
La jueza fue reconocida varias veces y citada en la prensa nacional como una de las figuras principales del gremio en la provincia de Matanzas, donde obtuvo varios reconocimientos por su trayectoria de más de tres décadas al servicio del régimen.
El pasado año resonó el caso de la jueza villaclareña Melody González Pedraza, involucrada en el enjuiciamiento de varios opositores, y quien tiene pendiente un caso de asilo luego de que llegara al país con parole humanitario y las autoridades de Tampa le negaran la entrada.
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