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Maricela Alonso Ojeda, exintendenta del municipio de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, aparecería entre los beneficiados por el indulto masivo anunciado recientemente por el régimen cubano, sin haber cumplido ni la mitad de su condena de siete años de prisión por malversación, según reporte en las redes sociales.
El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas la condenó el 26 de marzo de 2025 como autora del delito de malversación, tras determinar que abusó de sus facultades administrativas para apropiarse de productos estatales destinados a la población —incluyendo alimentos y combustible— para su beneficio personal.
Junto a ella fue sancionado Mario Quirino Infante Sosa, exadministrador del Palacio de Pioneros de Puerto Padre, a seis años de privación de libertad como partícipe en los mismos hechos: según la sentencia, Infante se encargaba de buscar, trasladar y vender los productos desviados. Ambos fueron enjuiciados también por tráfico de influencias y cohecho, aunque la condena final fue exclusivamente por malversación.
El indulto fue presentado por el régimen como un gesto solidario humanitario y soberano con motivo de la Semana Santa, aunque la medida excluyó a ninguno de los más de 1,200 presos políticos documentados en la isla.
El activista Juan Aldana de la Torriente denunció el caso en una publicación en Facebook que generó indignación en Puerto Padre y en redes sociales.
Según vecinos del municipio, desde que estaba en Educación ya venía corrupta, lo que agrava la percepción de impunidad ante su liberación anticipada.
"Lo que está pasando es una falta de respeto total al pueblo de Puerto Padre. Después de que la intendente fuera sancionada a siete años de privación de libertad por graves irregularidades relacionadas con el desvío de recursos del pueblo, incluyendo alimentos e incluso combustible, hoy aparece entre las personas indultadas. No llegó a cumplir ni la mitad de la sanción", escribió Aldana de la Torriente.
Sobre este tipo de situaciones, un dirigente del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas había advertido anteriormente que sobre los casos de corrupción todo se dirá a su debido tiempo, una promesa que para muchos residentes del municipio ha quedado vacía.
Preguntas frecuentes sobre el indulto a la exintendenta de Puerto Padre y la corrupción en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Maricela Alonso Ojeda y por qué fue condenada?
Maricela Alonso Ojeda es la exintendenta del municipio de Puerto Padre, en Las Tunas, condenada a siete años de prisión por malversación. Fue declarada culpable por abusar de sus facultades administrativas y apropiarse de productos estatales destinados a la población para su beneficio personal.
¿Por qué genera indignación el indulto a Maricela Alonso Ojeda?
El indulto a Maricela Alonso Ojeda genera indignación porque no cumplió ni la mitad de su condena y fue indultada en un gesto que el régimen cubano presentó como humanitario. La percepción de impunidad y la exclusión de presos políticos de esta medida han intensificado el descontento popular.
¿Cómo afecta la corrupción a la situación económica en Cuba?
La corrupción en Cuba, como el caso de Maricela Alonso Ojeda, perjudica la distribución de recursos básicos en un contexto de crisis económica y escasez de productos esenciales. Este problema genera desconfianza en las instituciones y aumenta el malestar social, al considerar que las sanciones no son aplicadas de manera equitativa.
¿Qué otros casos recientes de corrupción se han registrado en Cuba?
Recientemente, se han reportado varios casos de corrupción en Cuba, como el juicio a cinco trabajadores en Las Tunas condenados por desvío de alimentos, o el arresto de bodegueras en Santiago de Cuba por robar productos destinados a damnificados por un huracán. Estos casos evidencian un patrón de malversación de recursos estatales en medio de la crisis económica del país.
¿Qué papel juega el sistema judicial cubano en estos casos de corrupción?
El sistema judicial cubano ha sido criticado por su falta de transparencia e imparcialidad en casos de corrupción, como se observa en la diferencia de trato entre funcionarios corruptos y presos políticos. A menudo, se percibe que las condenas son más severas para los ciudadanos comunes que para los funcionarios implicados en delitos similares, lo que agrava la percepción de injusticia en el país.
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