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En medio de una ofensiva nacional contra las ilegalidades, el gobierno cubano ha impuesto una ola de multas en La Habana a cuentapropistas, vendedores ambulantes, mipymes y pequeños negocios, algunas de ellas de hasta 16,000 pesos cubanos (CUP).
Las sanciones forman parte del II Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales, que se realiza esta semana en todo el país bajo el control del Partido Comunista y el Ministerio del Interior.
Según informó el Consejo de la Administración del municipio Plaza de la Revolución, las inspecciones derivaron en más de una decena de multas por violaciones como ventas a precios no autorizados, productos vencidos y ejercicio ilegal del trabajo por cuenta propia.
Las sanciones oscilan entre los 5,000 y los 16,000 CUP, y algunas incluyeron medidas de venta forzosa a precios oficiales.
Entre los casos más llamativos figuran:
Un negocio no estatal en la calle 19, que vendía pollo a 330 CUP la libra -por encima del precio oficial- y pan sin mostrar los precios al público, fue multado con 13,000 CUP.
La mipyme Río Luz fue sancionada con 8,000 CUP por vender arroz vencido.
El punto de venta To' Rico recibió otra multa de 8,000 CUP por comercializar malta y pastas alimenticias a precios no autorizados.
El establecimiento El Recanto, en 17 y 10, fue sancionado por vender productos fuera de fecha.
Varios carretilleros fueron penalizados por no mostrar precios o vender productos agropecuarios por encima de los valores permitidos, con multas entre 5,000 y 8,000 CUP.
Los casos más severos se dieron en la vía pública, donde vendedores ambulantes sin licencia fueron sancionados con hasta 16,000 CUP bajo el Decreto-Ley 91.
Algunos, además, enfrentaron multas adicionales de 8,000 CUP por precios especulativos o por no mostrar los precios de los productos, especialmente en la reventa de alimentos como papa y cigarros.
En varios de estos operativos se aplicaron medidas de venta forzosa, obligando a los vendedores a ofrecer sus productos a precios oficiales.
Las autoridades reafirmaron que estas acciones buscan "preservar el orden, enfrentar prácticas especulativas y proteger al pueblo de precios abusivos", y advirtieron que las inspecciones continuarán.
La noticia generó polémica en redes sociales, donde algunos ciudadanos defienden la necesidad de controlar la especulación, mientras otros critican el enfoque represivo hacia el sector privado y los trabajadores informales.
Aunque no se han ofrecido cifras exactas de cuántas multas o arrestos se han producido hasta ahora, el despliegue de fuerzas del régimen y la publicación de resultados en medios oficialistas evidencian un objetivo más amplio: reforzar el control estatal en medio de una profunda crisis económica y creciente malestar popular.
Críticos señalan que el énfasis en acciones punitivas es un reflejo de la falta de soluciones estructurales y una forma de desviar la atención del deterioro del poder adquisitivo y la escasez generalizada.
Mientras tanto, pequeños comerciantes y trabajadores por cuenta propia se ven cada vez más asfixiados entre la informalidad y la represión.
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