La Casa Blanca advirtió claramente este martes que no piensa quedarse de brazos cruzados tras la decisión de una jueza que anuló la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de revocar el programa migratorio que da un estatus legal a 530,000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, conocido como "parole humanitario".
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó duramente el fallo judicial, alegando que se trata de una interferencia directa en los planes de deportación masiva impulsados por la administración republicana.
"Otra jueza de distrito rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva del Gobierno", declaró Leavitt en rueda de prensa.
La funcionaria hizo referencia directa a la jueza Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, quien fue nominada al cargo por el expresidente Barack Obama.
Para la Casa Blanca, el fallo representa una obstrucción política disfrazada de neutralidad legal, y se comprometieron públicamente a apelar:
"Lucharemos en contra en los tribunales", enfatizó Leavitt, dejando claro que no se lo pondrán tan fácil a los beneficiarios del parole.
Desde la óptica del Ejecutivo, la decisión judicial debilita el objetivo de desmantelar los beneficios migratorios heredados del gobierno de Joe Biden.
El equipo de Trump ha puesto especial empeño en revertir iniciativas que, a su juicio, incentivaron la migración irregular y sobrecargaron el sistema migratorio estadounidense. El programa de parole humanitario es uno de los principales blancos de esa cruzada.
Reacción del Departamento de Seguridad Nacional: “Un caos alimentado por Biden”
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también se pronunció sobre el fallo, calificándolo como un revés judicial que obstaculiza la justicia y compromete la seguridad nacional.
En un comunicado difundido en la red social X, el DHS acusó al programa de parole humanitario de haber “liberado a más de 530,000 extranjeros mal evaluados en Estados Unidos”.
Según el comunicado oficial, esta situación habría provocado “el aumento del crimen, el desplazamiento de trabajadores estadounidenses” y un entorno en el que los agentes migratorios se ven forzados a “ignorar el fraude desenfrenado”.
El mensaje concluyó asegurando que “si bien este fallo retrasa la justicia y socava la integridad de nuestro sistema migratorio, la secretaria Noem utilizará todas las opciones legales disponibles en el Departamento para poner fin a este caos, priorizando la seguridad de los estadounidenses”.
El fallo judicial: Fundamentos de la jueza Talwani
La jueza federal Indira Talwani argumentó que la orden presidencial de revocar el parole humanitario no estaba justificada ni en términos legales ni en base a un interés público verificable.
En su dictamen sostuvo que el gobierno “no ha demostrado ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a los migrantes a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en EE.UU. por un período específico a salir o a obtener un estatus indocumentado”.
También advirtió que revocar de manera generalizada los permisos vigentes podría tener consecuencias perjudiciales tanto para los migrantes como para las comunidades en las que viven.
“Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”, añadió.
La jueza Talwani aceptó una moción de emergencia que suspende temporalmente la orden de revocación, señalando además que la acción del Ejecutivo carecía de una revisión caso por caso, como exige la ley.
En su decisión, remarcó que los beneficiarios tienen derecho a trabajar legalmente mientras cuenten con autorización vigente y podrían ser elegibles para ajustar su estatus o acceder a otros beneficios migratorios.
Eliminar el programa sin respetar esos derechos, sostuvo, los dejaría frente a una difícil disyuntiva: “Seguir la ley y salir del país por su cuenta, o esperar el proceso de expulsión”.
Orígenes del programa y cronología de los hechos
El programa de parole humanitario fue una de las iniciativas centrales de la política migratoria de Joe Biden. Creado en 2022 inicialmente para venezolanos y ampliado en 2023 a cubanos, nicaragüenses y haitianos, ofrecía una vía legal para ingresar a Estados Unidos desde los países de origen, junto con permisos de trabajo temporales por un plazo de dos años.
En octubre de 2024, la propia administración Biden anunció que no renovaría el programa, anticipando su cierre una vez vencieran los permisos existentes. Esta decisión se interpretó como un ajuste político previo al ciclo electoral.
El verdadero intento de desmantelamiento llegó en marzo de 2025, cuando la administración Trump publicó en el Registro Federal la anulación formal del programa, en línea con la Orden Ejecutiva 14165 firmada el 20 de enero, que establece el fin de todos los esquemas categóricos de parole y prioriza la “seguridad fronteriza”.
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