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El gobierno de Estados Unidos anunció este sábado la imposición de restricciones de visa a más de 250 funcionarios nicaragüenses vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La medida está destinada a presionar al gobierno de Managua por sus continuas violaciones a los derechos humanos, su autoritarismo y su papel en el tráfico irregular de migrantes hacia la frontera sur estadounidense, indicó el secretario de Estado, Marco Rubio.
La acción fue confirmada por el Departamento de Estado y respaldada por el político cubanoamericano, quien reiteró la línea dura de la administración de Donald Trump contra lo que calificó como “un régimen enemigo de la humanidad”.
“Como afirmé en mi primera visita a la región, el régimen nicaragüense es una amenaza para la seguridad de EE.UU. Hoy el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen Ortega-Murillo, apuntando a los cómplices de su dinastía autoritaria”, expresó Rubio en su cuenta oficial de X.
Washington acusa al régimen sandinista de usar la migración como arma política, facilitando el tránsito de migrantes irregulares desde Cuba, Haití, Venezuela y otras naciones hacia territorio estadounidense.
En meses recientes, la administración Trump ha endurecido su discurso contra los gobiernos que considera cómplices de las redes de tráfico humano en la región.
Según fuentes oficiales, la nueva ronda de sanciones incluye a funcionarios del Poder Judicial, del Ejército, de la Policía Nacional, alcaldes, legisladores y operadores económicos alineados con el gobierno de Ortega.
Las restricciones migratorias se suman a las múltiples sanciones económicas, financieras y diplomáticas que Estados Unidos ha impuesto contra Nicaragua desde 2018, cuando se desataron las protestas masivas contra el régimen, brutalmente reprimidas por las fuerzas oficiales, con un saldo de cientos de muertos y miles de exiliados.
Organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado violaciones sistemáticas a los derechos humanos, represión política, censura de prensa y persecución religiosa bajo el régimen Ortega-Murillo.
La decisión de EE.UU. se enmarca en un nuevo enfoque de política exterior hacia América Latina bajo el liderazgo de Trump, centrado en seguridad fronteriza, combate a regímenes autoritarios y freno al éxodo migratorio.
La administración ha dejado claro que no tolerará la existencia de “dictaduras aliadas de potencias hostiles” ni el uso del territorio centroamericano como puente para ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
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