Un reciente acuerdo de cooperación entre el Departamento de Policía de Orlando (OPD) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha desatado una fuerte controversia entre líderes comunitarios, organizaciones defensoras de derechos humanos e inmigrantes que residen en la ciudad.
El convenio, firmado a finales de marzo por el jefe de la policía de Orlando, Eric D. Smith, y el director de ICE en Orlando, Todd M. Lyons, contempla, entre otras, entrenamientos por parte de la agencia federal a funcionarios del OPD.
Lo más leído hoy:
Aunque las autoridades locales insisten en que la colaboración busca combatir delitos graves y mejorar la seguridad pública, sectores críticos alertan sobre el impacto negativo que podría tener en las comunidades inmigrantes y en la relación entre estas y la policía local.
Por ello, organizaciones proinmigrantes se hicieron presentes este lunes en la Comisión de la Ciudad, donde expresaron su rotundo rechazo al acuerdo. La sesión fue escenario de múltiples intervenciones ciudadanas que denunciaron la falta de transparencia y criticaron que el pacto se firmó sin conocimiento previo de los propios comisionados, según reportó Telemundo 31.
"Con la Comisión, es obvio que ellos no están interesados en participar en esto, entonces eso es lo que nuestra comunidad necesita oír, y ahora es verificar qué acciones se pueden tomar para protegerlos", afirmó Ericka Gómez Tejeda, representante del Hope Community Center, una de las organizaciones más activas en defensa de los derechos de los inmigrantes en Florida Central.
La falta de comunicación sobre el acuerdo generó incluso molestia entre algunos funcionarios municipales. Varios comisionados admitieron haber firmado el pacto apenas momentos antes de la sesión, lo que alimentó aún más las sospechas sobre su trasfondo y alcances.
El comisionado Tony Ortiz cuestionó abiertamente la necesidad y legitimidad del convenio. “Cuando firmamos un convenio, lo primero que quiero averiguar es si este convenio tiene raíces sólidas, si esto fue una orden del gobierno federal, firmada por un juez, entonces sería donde acatamos, pero si no es así y es solo un convenio, ¿por qué?, es mi pregunta, ¿por qué tenemos que nosotros involucrarnos en eso?", expresó Ortiz, visiblemente molesto por la manera en que se manejó el asunto.
Ortiz también hizo énfasis en las consecuencias económicas de criminalizar o expulsar a los migrantes de la ciudad. “Con la inflación que tenemos, los problemas económicos que tenemos, si nosotros dejamos que se nos vayan todos estos migrantes vamos a tener problemas bien grandes económicos”, advirtió, añadiendo que “el impacto económico que traen los migrantes a nuestro estado y a nuestra nación es enorme, estamos hablando de millones de dólares”.
Sus palabras resaltaron no solo la dimensión humanitaria del problema, sino también la importancia estructural que representa la fuerza laboral migrante para la economía local y estatal.
Diversas organizaciones recordaron que el convenio suscrito va en contra del espíritu de la Ley de Confianza de Orlando, aprobada en 2018 para limitar la colaboración entre agencias locales y federales en asuntos migratorios.
"Este acuerdo no es obligatorio. Lo que están diciendo es que lo firman porque tienen miedo de perder, porque parece que Ron DeSantis tiene tanto poder que él puede controlar todo", denunció Sister Ann Kendrick, también del Hope Community Center.
La referencia al gobernador republicano de Florida no es casual: muchas de las recientes políticas migratorias en el estado han sido impulsadas por su administración, caracterizadas por un enfoque punitivo hacia los inmigrantes indocumentados y por fomentar la cooperación entre policías locales y autoridades migratorias.
En el condado de Orange, donde se encuentra Orlando, se han reportado aproximadamente 10,000 órdenes de deportación. Además, al menos 17 funcionarios correccionales del condado están programados para recibir entrenamiento por parte de ICE.
En una ciudad donde más del 30% de la población es de origen latino, las implicaciones de este acuerdo han encendido alarmas. Las organizaciones sociales temen que se intensifica la desconfianza hacia la policía, generando un clima de temor que podría impedir que víctimas o testigos de delitos acudan a las autoridades por miedo a ser deportados.
Por su parte, grupos como ACLU y el Southern Poverty Law Center han solicitado acceso a los términos completos del convenio mediante solicitudes de transparencia y no descartan iniciar acciones legales si se comprueba que viola derechos constitucionales.
Preguntas frecuentes sobre el acuerdo entre la policía de Orlando y ICE
¿En qué consiste el acuerdo entre la policía de Orlando y ICE?
El acuerdo entre el Departamento de Policía de Orlando (OPD) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incluye la cooperación para combatir delitos graves mediante entrenamientos proporcionados por ICE a los funcionarios del OPD. Sin embargo, ha desatado críticas por su posible impacto negativo en las comunidades inmigrantes.
¿Por qué el acuerdo con ICE genera controversia en Orlando?
La controversia surge porque los críticos del acuerdo temen que incremente la desconfianza hacia la policía y afecte a las comunidades inmigrantes. Además, señalan la falta de transparencia en su firma y el hecho de que se firmó sin el conocimiento previo de los comisionados municipales.
¿Cuál es el impacto económico de las políticas migratorias en Florida?
Las políticas migratorias restrictivas pueden tener un impacto económico significativo. El comisionado Tony Ortiz destacó que la expulsión de migrantes podría provocar problemas económicos graves, ya que la fuerza laboral migrante es crucial para la economía local y estatal, aportando millones de dólares.
¿Qué es el programa 287(g) y cómo se relaciona con el acuerdo en Orlando?
El programa 287(g) permite que las fuerzas de seguridad locales colaboren con ICE en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados. Este tipo de acuerdos, como el firmado en Orlando, están alineados con las políticas del gobernador Ron DeSantis para reforzar las leyes migratorias y no permitir "ciudades santuario" en Florida.
Archivado en:
